La reciente expulsión de Carlos Amarante Baret del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) marca un nuevo capítulo en la crisis interna que ha afectado al partido desde su división en 2019. Con la resolución 12/2024 del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del PLD, Amarante Baret se convierte en el primer miembro del Comité Político en ser expulsado de manera deshonrosa y permanente desde la fractura que dio lugar a la salida de destacados líderes. Este hecho no solo refleja las tensiones internas dentro del partido, sino que también plantea interrogantes sobre la estabilidad futura de esta organización política.
Motivos de la Expulsión
La resolución se emitió luego de que el Tribunal, presidido por Alejandrina Germán, concluyera que Amarante Baret había atentado contra la unidad del partido al intentar persuadir a otros miembros para que abandonaran el PLD y formaran una nueva organización política. Esta acción fue considerada como una «alta traición», violando los artículos 74 y 75 de los estatutos del partido. Amarante no asistió a la audiencia a la que fue citado para el sábado anterior, optando por el silencio ante la acusación y la medida disciplinaria que se le impuso.
La situación de Amarante Baret cobra relevancia no solo por la acción del Tribunal, sino por su distanciamiento previo del presidente del partido, Danilo Medina. Ambos mantuvieron una relación cercana hasta las primarias de 2019, cuando sus caminos políticos comenzaron a separarse. En la rueda de prensa del 11 de julio, Amarante Baret y otros líderes como Domingo Contreras y José del Castillo expresaron su acuerdo con que Medina dejara la presidencia del partido, lo que terminó de agravar las tensiones internas.
Reacciones
A pesar de la gravedad de la expulsión, las respuestas dentro del PLD han sido limitadas. Jaime David Fernández Mirabal fue uno de los pocos dirigentes de alto nivel que se pronunció públicamente, criticando el manejo de la comunicación en torno a la expulsión. Según Fernández Mirabal, el anuncio de la medida fue inoportuno y mal gestionado, lo que podría afectar aún más la imagen del partido en un momento en que se necesita estabilidad y cohesión interna. Para él, la unidad del partido es fundamental, incluso cuando hay desacuerdos internos entre sus miembros.
Este caso pone de manifiesto un problema mayor dentro del PLD: la falta de consenso y la dificultad para gestionar la disidencia. Desde la división de 2019, que culminó con la salida de once miembros del Comité Político, la organización ha enfrentado una serie de desafíos, desde la pérdida de elecciones hasta las acusaciones de corrupción que han golpeado a sus principales líderes. En ese contexto, la expulsión de Amarante Baret refleja una tendencia hacia el endurecimiento de las sanciones internas como medio para controlar la disidencia.
Es importante destacar que, a pesar de estas tensiones, el PLD no se ha caracterizado por expulsiones masivas desde su fractura. La mayoría de los líderes que abandonaron el partido lo hicieron por decisión propia, como en el caso de José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quienes renunciaron al Comité Político sin ser forzados a salir. Esto resalta la singularidad del caso de Amarante Baret y podría sentar un precedente en cuanto a cómo el PLD manejará futuras disidencias internas.
Mientras tanto, Amarante Baret ha optado por no comentar públicamente sobre su expulsión ni sobre si apelará la medida ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). Este silencio podría interpretarse como una estrategia para evaluar sus próximas acciones políticas, aunque también podría ser un indicativo de una ruptura definitiva con el PLD y un posible movimiento hacia la creación de una nueva organización política, tal como lo sugiere la resolución del Tribunal de Ética y Disciplina.
Perspectiva
La expulsión de Amarante Baret plantea interrogantes sobre el futuro del PLD y su capacidad para manejar las divisiones internas. A medida que el partido se enfrenta a un panorama político complejo, la forma en que maneje este y otros conflictos internos será clave para su supervivencia como una fuerza política relevante en la República Dominicana.
