DIARIO FINANCIERO.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional registró esta semana el retiro formal de nueve querellas presentadas en la acusación particular contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat y su empresa E y I, SRL, imputados por el colapso de la discoteca Jet Set, tragedia en la que 236 personas fallecieron y otras 100 resultaron heridas. El movimiento procesal, tramitado ante el magistrado Raymundo Mejía, supone una reducción significativa del frente acusador particular, aunque no implica el archivo del caso ni la extinción de la acción penal pública.
El abogado Nolberto Rondón, representante de cinco querellantes, encabezó el grueso de los desistimientos. Amparándose en el principio de economía procesal, presentó en un solo acto la renuncia a las acciones legales de Natalia Miledis Guerrero Azcona, Ruth Elisa Seija Jerez, Jocelyn Rosado Baldera, César Augusto López Bonel y Héctor Eduardo Brito Peña, argumentando «falta de interés» en continuar con el proceso. La solicitud incluyó dejar sin efecto las querellas con constitución en actor civil oportunamente depositadas por esas partes.
Al explicar su decisión procesal ante el tribunal, Rondón fue cuidadoso en aclarar que el desistimiento no abarca a todos sus representados. El jurista solicitó expresamente al juez Raymundo Mejía que declare buenas y válidas las querellas de los demás clientes que optaron por mantenerse activos en el caso, asegurando que dichas acciones cumplen con todos los requisitos de forma, fueron presentadas en tiempo hábil y se ajustan íntegramente a la normativa procesal vigente.
A los desistimientos impulsados por Rondón se sumaron los de los representantes legales de Ramón Antonio Brea de los Santos y Fabiola de los Santos, quienes también retiraron la acusación particular que habían interpuesto contra los hermanos Espaillat. Con estas renuncias, el frente de la acusación particular pierde siete posiciones en total en la etapa de instrucción del proceso.
El abogado Mauricio Alberto presentó una posición mixta ante el tribunal: notificó el desistimiento de una de las querellas a su cargo y, simultáneamente, ratificó la vigencia de otras siete querellas ratificadas que continuarán activas. La querella retirada correspondía a Marley Vélez, quien accionaba en representación del caso de Evelyn Mariela Navarro de León, señalada como la última víctima mortal del incidente: una mujer que falleció aproximadamente un mes después del colapso de la discoteca Jet Set, sin haber sobrevivido a las lesiones sufridas en la tragedia.
Desde la perspectiva del análisis procesal, los desistimientos registrados responden a dinámicas propias de los litigios penales de larga data: el desgaste de las partes, los costos económicos asociados a la representación legal y la incertidumbre sobre el resultado final impulsan a un segmento de los querellantes a abandonar la acusación particular, aun cuando la causa penal continúa de oficio. La reducción del número de actores civiles no altera el curso del expediente principal ni libera a los imputados de responsabilidad penal.
El caso de la discoteca Jet Set figura entre los siniestros de mayor impacto en la historia reciente de República Dominicana. El colapso estructural del local dejó 236 personas fallecidas y puso en el centro del debate público los estándares de construcción, habilitación y supervisión de establecimientos de entretenimiento nocturno. La empresa E y I, SRL, propietaria del inmueble, y sus socios Antonio y Maribel Espaillat enfrentan cargos cuya sustanciación continúa bajo la tutela del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
A medida que avanza la fase de instrucción, el proceso judicial exhibe la tensión habitual entre quienes perseveran en la búsqueda de justicia y quienes, por diversas razones, optan por desvincularse formalmente. Las siete querellas ratificadas por el abogado Mauricio Alberto, junto con las que mantiene activas el resto de los representantes legales, garantizan que la acusación particular conserve presencia en el proceso. El tribunal de instrucción, bajo la conducción del juez Raymundo Mejía, deberá continuar ponderando los elementos de prueba en el marco de un expediente que sigue siendo uno de los más sensibles del sistema judicial dominicano.
