Hay una verdad incómoda que todos aceptamos en voz baja: la República Dominicana necesita unos siete u ocho mil millones de pesos al año para manejar su basura como corresponde. Eso incluye cerrar vertederos a cielo abierto, operar rellenos sanitarios modernos, recoger y separar, educar al ciudadano y, sobre todo, invertir en infraestructura que hoy no tenemos. Esa cifra no está en discusión. Lo que sí está en discusión, y con razón, es cómo se cobra.
En semanas resientes la reacción de la población ha sido la esperable. Todos hemos exigido lo mismo: revisar el mal cálculo impuesto en la Ley 98-25, en donde la DGII, que no debería estar a cargo de cobrar esta contribución, ha tenido que salir a buscar alternativas para el pago. Bien. Pero el consenso no puede limitarse a posponer o rebajar. Tenemos que diseñar mejor.
La idea en una línea
Hay que cobrar donde el Estado ya sabe cobrar y sobre las actividades que realmente generan la basura. En lugar de un solo mecanismo de contribución que aplasta al empresario formal, cinco canales pequeños que se reparten la carga entre quien produce envases, quien maneja vehículo, quien visita el país, quien factura con alta intensidad de residuos y quien construye. Ninguno asfixia a nadie. Sumados, cubren la necesidad.
Los cinco canales, en cristiano
- Un pequeño monto en el marbete. Entre ciento cincuenta y mil pesos al año según el tipo de vehículo. La motocicleta del trabajador pagaría casi nada, unos RD$100 o RD$150; el camión pesado y la jeepeta de lujo pagarían lo que corresponde a su huella, o unos RD$1,000 o R$2,000. El marbete es el mejor padrón tributario que tiene el país: más de seis millones de contribuyentes y cumplimiento sobre el noventa por ciento. Cero fricción. La recaudación potencial aquí sería de alrededor RD$5,000 millones, más de la mitad de lo que se necesita recaudar.
- Un dólar y medio por noche de hotel. Pagado por el turista en su factura, no por el hotelero. Es lo que hacen Barbados, Bahamas, Cancún y las Baleares. El visitante genera entre cinco y siete veces más basura por día que el residente y paga en divisas. No afecta competitividad porque es menos del dos por ciento del precio de una habitación.
- Un cargo por envase. Cada botella de agua, refresco, cerveza o licor que entra al mercado paga unos céntimos —más si es de plástico difícil de reciclar, menos si es retornable o reciclado—. Lo pagan los trescientos fabricantes e importadores de bebidas, no el colmadero. Se aplica igual al producto nacional y al importado. Es el ISC que ya existe, con una cara ambiental. Este es el corazón del modelo y aporta cerca del cuarenta por ciento.
- Una contribución empresarial rediseñada. Se mantiene el principio de que la empresa contribuye, pero el cálculo se corrige. Ya no tarifa plana con tope absurdo, sino una fórmula que combina ingresos, sector y escala. Ya lo expuse en mi artículo anterior en donde un similar a la Tasa Efectiva de Tributación (TET) es una aproximación justa y razonable, aplicando un porcentaje, que puede ser entre el 1% y 5% de la TET de la empresa o sector. El supermercado paga más que el bufete de abogados; el gigante paga proporcionalmente más que el mediano. Y la microempresa —la que factura menos de diez millones— queda exenta, porque ya traslada costos por otros canales.
- Un recargo en licencias de construcción. Entre quince y veinticinco pesos por metro cuadrado autorizado. Se paga en el Ministerio de la Vivienda y se transfieren los recursos a la Cuenta Única del Tesoro. La construcción es el segundo gran generador de residuos del país y hoy no paga nada específico por ello.
Más del autor: La Contribución por Residuos Sólidos: Sostenibilidad Ambiental a Costa de la Sostenibilidad Empresarial
Cinco canales, un objetivo, ningún colapso. Las simulaciones razonables colocan el total entre siete mil seiscientos y nueve mil setecientos millones de pesos anuales, con margen para absorber exenciones y la transición. Estas cinco propuestas puede ser tanto complementarias, como tomar una o dos principales para implementación inmediata y las otras de forma gradual.
Lo que esto busca
Una empresa industrial típica que hoy debería pagar seiscientos setenta y cinco mil pesos por la contribución de residuos sólidos pagaría bajo este modelo alrededor de la mitad en contribución empresarial directa, y esa reducción no es un regalo: refleja que ya contribuyó al sistema a través de los envases que colocó en el mercado. Por otro lado, el parque vehicular crece en promedio un 7% anualmente; el cobro por Marbete es irrisorio, y podemos implementar este cobro como lo hizo México en 1962 para financiar infraestructura, por lo que no sería la primera vez en colocar un gravamen a los vehículos a ser destinado para fines específicos.
Además, el diseño corrige tres cosas que la Ley 98-25 no corrige: castiga al que contamina más, premia al que migra a envases reutilizables y distribuye la carga entre actores diversos en lugar de concentrarla sobre la persona jurídica formal. Esa última corrección es, quizás, la más importante. Cualquier tributo que pese solo sobre la formalidad empuja a la informalidad, y la República Dominicana no puede darse el lujo de espantar más formalización.
Ningún diseño tributario sobrevive en el tiempo si la gente no sabe en qué se gasta lo que paga. El Fideicomiso debe publicar trimestralmente sus ingresos, egresos, contratos y toneladas efectivamente gestionadas, con datos abiertos, auditoría externa anual y auditoría de desempeño cada dos años por la Cámara de Cuentas. Hoy su propia página web sigue “en construcción”. Eso debe terminar antes de cobrar un peso nuevo.
Una oportunidad que no se repite
La Ley 98-25 fue aprobada rápido, se cobraría de manera impetuosa, y la DGII ofreció un ligero alivio. Es, dicho sin ironía, una buena noticia. Tenemos una ventana poco común en política fiscal: la posibilidad de corregir un impuesto antes de que se cobre. Sería sabio por parte del gobierno escuchar los sectores. Saber que la gente no está en contra de que se cobre sino en su forma. Analizar las propuestas presentadas, y otras que debe tener en la mesa, pudiendo distribuir la carga, generaría un alivio a todos, y permitiría la sostenibilidad del sistema integral de gestión de residuos sólidos.
Quedan ocho mil millones de pesos por recaudar. No por dónde sacarlos, sino cómo hacerlo bien. El diseño no es un detalle técnico. Es la diferencia entre una política pública que funciona y una que le cuesta al país más que los residuos mismos.
