El Gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en Santo Domingo el retiro de nueve diplomáticos cubanos, junto a sus familiares, concediendo un plazo de siete días para cumplir con la medida, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La decisión activa el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite al Estado receptor declarar persona non grata a cualquier miembro de una misión diplomática sin necesidad de justificar públicamente la causa. El movimiento representa una de las acciones diplomáticas más significativas que República Dominicana ha tomado frente a La Habana en años recientes, y tensiona una relación bilateral que históricamente ha operado con bajo perfil.
La normativa que respalda la decisión
Según la cancillería dominicana, la medida «se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena», tratado internacional del que República Dominicana es Estado parte.
El Ministerio de Relaciones Exteriores no ofreció detalles sobre los motivos que llevaron a solicitar el retiro de los nueve funcionarios, y anticipó que no brindará información adicional al tratarse de comunicaciones diplomáticas.
Discreción oficial ante el episodio
El Gobierno dominicano indicó que conducirá el asunto «con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países», sugiriendo que la intención no es escalar el conflicto más allá de la solicitud de retiro.
La Convención de Viena, adoptada en 1961 y ratificada por la gran mayoría de los países del mundo, establece que cuando un Estado receptor declara persona non grata a un diplomático, el Estado acreditante —en este caso Cuba— debe «retirar a esa persona o poner fin a sus funciones en la misión». La norma no fija un plazo estándar; el de siete días es determinado por el propio Estado receptor según la gravedad del caso.
El episodio se produce en un contexto regional en el que varios gobiernos latinoamericanos han tenido roces diplomáticos con La Habana en los últimos años por razones que van desde diferencias ideológicas hasta señalamientos sobre interferencia en asuntos internos. Las autoridades dominicanas no han vinculado públicamente su decisión a ninguno de esos factores. La próxima señal a seguir será la respuesta formal del Gobierno cubano y si cumple el retiro dentro del plazo de siete días acordado.
