La regulación de la intermediación inmobiliaria representa un paso importante para profesionalizar el mercado dominicano. Sin embargo, mientras el debate se concentra en agentes y corredores, muchos inversionistas siguen haciéndose una pregunta mucho más profunda: ¿qué ocurre con las constructoras y desarrolladores responsables de gran parte de las crisis de confianza del sector?
Esa es probablemente la conversación más incómoda que hoy enfrenta el mercado inmobiliario dominicano.
Y antes de continuar, también es importante decir algo con responsabilidad: la gran mayoría de los proyectos inmobiliarios en República Dominicana sí se entregan y sí cumplen. El sector construcción continúa siendo uno de los motores más sólidos de la economía nacional, representando alrededor del 7% del PIB y generando cientos de miles de empleos directos e indirectos.
De hecho, por cada 100 viviendas que se desarrollan y entregan en el país, probablemente más de 95 llegan a buen término sin mayores conflictos. Los casos problemáticos existen, sí, pero siguen siendo una minoría dentro de un mercado que mueve miles de millones de dólares y que ha permitido transformar polos turísticos completos y dinamizar gran parte de la economía dominicana.
Pero precisamente porque el sector ha crecido tanto, también ha aumentado el impacto mediático y reputacional de los proyectos que sí presentan retrasos, conflictos o irregularidades.
Y ahí es donde la conversación se vuelve mucho más compleja.
La reciente aprobación en primera lectura del proyecto de Ley de Intermediación Inmobiliaria y Publicidad Engañosa busca ordenar, supervisar y profesionalizar las operaciones inmobiliarias en el país. La iniciativa toca temas importantes como licencias, controles, regulación de la publicidad y sanciones frente a prácticas engañosas.
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Y ciertamente, el país necesitaba avanzar hacia mayores niveles de formalidad.
Sin embargo, muchos inversionistas siguen preguntándose si el verdadero problema del mercado está únicamente en la intermediación.
Porque la realidad es que gran parte de las crisis de confianza del sector nacen cuando aparecen proyectos paralizados, retrasos excesivos, incumplimientos contractuales o desarrolladores que simplemente no logran ejecutar lo que prometieron inicialmente.
Ese es el verdadero punto sensible del mercado.
Porque la preocupación del comprador moderno ya no se limita solamente a quién le vende un apartamento. La gran pregunta ahora es quién lo desarrolla, cómo se financia el proyecto y qué protección real existe cuando las cosas no salen como fueron prometidas.
Y lo más importante es entender que esta situación no es exclusiva de República Dominicana.
Los retrasos inmobiliarios existen en prácticamente todos los grandes mercados del mundo. En España, Miami, Panamá, México y otros destinos de fuerte crecimiento inmobiliario, los desarrollos en plano también enfrentan retrasos derivados de permisos, mano de obra, inflación de materiales, financiamiento y cambios en los costos de construcción.
La construcción no es una ciencia perfecta.
Un proyecto puede retrasarse por aumento en costos de materiales, permisos, clima, escasez de personal calificado, logística internacional o variaciones financieras. Solo entre 2020 y 2024, los costos directos de construcción aumentaron considerablemente en casi todos los mercados de América Latina y el Caribe, afectando cronogramas y presupuestos de múltiples desarrollos.
Por eso sería injusto construir una narrativa donde todo retraso automáticamente signifique fraude.
Pero también sería irresponsable ignorar que el mercado necesita mayores niveles de supervisión, transparencia y protección para el inversionista.
Porque el problema no es únicamente jurídico. También es reputacional.
República Dominicana compite hoy por atraer inversión extranjera, compradores internacionales y capital turístico. Y en un mercado global, la confianza se convierte en el activo más importante de cualquier destino inmobiliario.
Ningún inversionista coloca millones de dólares únicamente por una buena ubicación o una renderización atractiva. La verdadera decisión de inversión se toma cuando existe credibilidad sobre el desarrollador, seguridad jurídica y confianza en la ejecución del proyecto.
Y ahí es donde probablemente el debate todavía se queda corto.
La profesionalización de los agentes inmobiliarios es necesaria y positiva. Nadie puede cuestionar la importancia de combatir la informalidad y ordenar el mercado. Pero el país también necesita seguir fortaleciendo otros aspectos igual de importantes:
supervisión de proyectos,
transparencia financiera,
cumplimiento de entregas,
manejo fiduciario,
garantías contractuales,
y mayores controles sobre desarrolladores improvisados.
Porque al final, el futuro del mercado inmobiliario dominicano no dependerá únicamente de quién venda apartamentos.
Dependerá de la confianza que exista sobre todo el ecosistema que hay detrás de cada proyecto.
Y esa conversación apenas comienza.
