DIARIO FINANCIERO.- El expresidente Hipólito Mejía, dirigente y miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), rechazó este domingo la propuesta del Poder Ejecutivo de reducir en un 50% el financiamiento estatal a los partidos políticos, medida incluida en un paquete de austeridad adoptado frente al impacto económico del conflicto en el Medio Oriente.
Mejía emitió sus declaraciones al encabezar un acto conmemorativo por el 28 aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez, celebrado en el Cementerio Cristo Redentor, donde calificó al histórico líder como «uno de los grandes líderes políticos dominicanos» por su vínculo con los sectores populares y su compromiso con la democracia y la justicia social.
Un Recorte Con Implicaciones Para La Democracia
La propuesta del Ejecutivo busca reducir a la mitad los recursos que el Estado destina a las organizaciones políticas como parte de las medidas de contención del gasto público. Según Mejía, ese mecanismo de financiamiento constituye un pilar del sistema democrático dominicano y su reducción podría tener consecuencias estructurales para los partidos.
«Ese financiamiento es un soporte fundamental para la democracia y para el funcionamiento de las organizaciones políticas dentro del sistema electoral».
El expresidente advirtió además que una iniciativa de esa magnitud podría debilitar el andamiaje político del país:
«Una medida de esa naturaleza podría afectar el sistema democrático del país».
Contexto: Austeridad Ante El Conflicto En El Medio Oriente
El paquete de austeridad impulsado por el gobierno surge en respuesta a las presiones económicas derivadas del conflicto en el Medio Oriente, que ha incidido en los precios internacionales de la energía y en el comportamiento de variables macroeconómicas clave para la República Dominicana. La reducción del financiamiento a los partidos es una de las líneas de ajuste contempladas dentro de ese marco.
La posición de Mejía se suma a otras voces críticas dentro del sistema político que cuestionan la conveniencia de aplicar recortes al financiamiento público de las organizaciones electorales, sector que históricamente ha dependido de esos recursos para sostener su operación institucional.
