Después de más de diez años de la asignación del 4.0% del PIB a la educación pre-Universitaria, se podrían sacar algunas conclusiones sobre la asignación de los recursos público a esta importante rama. En un contexto global donde la educación se erige como pilar fundamental para el desarrollo sostenible, la República Dominicana enfrenta el imperativo de evaluar no solo la magnitud de su gasto público en este sector, sino su calidad y eficiencia en la ejecución.
Según datos de la Dirección General de Presupuesto, el gasto total en educación ha experimentado un crecimiento sostenido, pasando de RD$112.46 mil millones en 2014 a una proyección de RD$338.28 mil millones en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.5%.
Este incremento, alineado con el mandato legal de destinar al menos el 4% del PIB a la educación, representa un compromiso aparente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, particularmente el ODS 4 sobre educación inclusiva y de calidad. Sin embargo, un análisis detallado revela desequilibrios que comprometen el uso óptimo de los recursos públicos, tales como el predominio persistente de las remuneraciones en la ponderación presupuestaria, un aumento desproporcionado en gastos no esenciales como vehículos, y una subinversión en infraestructura educativa.
Estos patrones, contrastados con evidencias internacionales de organismos como la CEPAL, UNESCO y la OCDE, subrayan la necesidad de una reorientación estratégica para maximizar el retorno social de la inversión.
El gasto público en educación en la República Dominicana ha mostrado una trayectoria ascendente, con variaciones anuales positivas en la mayoría de los periodos, excepto una contracción del 6.2% en 2021 atribuible a los impactos de la pandemia de COVID-19. No obstante, la calidad del gasto —definida por la CEPAL como la capacidad de traducir recursos fiscales en resultados tangibles como mejoras en el aprendizaje y equidad educativa— se ve mermada por una distribución ineficiente.
Las remuneraciones (cuenta 2.1.1 de la clasificación por objeto del gasto público) representan consistentemente alrededor del 50% del gasto total, con ponderaciones que oscilan entre el 37.9% en 2014 y el 54.8% en 2021. Esta preponderancia, si bien esencial para atraer y retener capital humano calificado, puede generar rigideces presupuestarias que limitan la inversión en áreas de alto impacto, como se evidencia en estudios del Banco Mundial sobre la gestión educativa en América Latina y el Caribe (ALC), donde se destaca que un gasto excesivo en salarios sin vinculación a desempeño reduce la eficiencia en general.
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En paralelo, el gasto en infraestructura (cuentas 2.7.1 y 2.7.2) ha declinado en términos relativos, con ponderaciones que caen del 17.5% en 2014 a un mero 2.7% en 2025 para obras en edificaciones, y valores cercanos a cero en infraestructura general.
Esta subinversión contrasta con recomendaciones de la UNESCO, que en su informe regional sobre la encrucijada educativa en ALC enfatiza la necesidad de invertir en instalaciones modernas para mitigar la escasez docente y mejorar el acceso equitativo. La CEPAL, en su análisis de la eficiencia del gasto público en RD entre 2008 y 2017, advierte que tales desequilibrios perpetúan ciclos de baja productividad educativa, con un retorno marginal decreciente en sectores no prioritarios.
Esto, también impactaría negativamente a generaciones futuras, pues una baja inversión en aulas reduciría la oferta de plazas estudiantiles en el largo plazo y pudiera dejar fuera a estudiantes por baja capacidad de absorción.
Un aspecto particularmente alarmante es el incremento exponencial en la categoría de vehículos y equipo de transporte (2.6.4), que registra variaciones del 693% entre 2022 y 2023, y un 197% entre 2023 y 2024, elevando su ponderación del 0.5% en 2014 a un 1.3% en 2024. Este gasto, que supera los RD$4 mil millones en 2024, parece desproporcionado en un contexto donde la infraestructura educativa languidece.
Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la eficiencia del gasto en educación y salud en RD entre 2003 y 2013 indican que tales asignaciones a activos no pedagógicos diluyen el impacto fiscal, generando ineficiencias que podrían reasignarse a prioridades como la construcción de aulas o laboratorios. Internacionalmente, la OCDE en sus evaluaciones PISA destaca que países con alto desempeño educativo, como Finlandia o Singapur, priorizan la inversión en infraestructura sobre gastos administrativos, logrando puntuaciones superiores en matemáticas y lectura.
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En contraste, los resultados PISA de la República Dominicana revelan un rezago persistente: en 2022, el país obtuvo 339 puntos en matemáticas, 351 en lectura y 360 en ciencias, por debajo del promedio OCDE de alrededor de 470-490 puntos, posicionándose en el puesto 77 de 81 naciones evaluadas. Este bajo rendimiento, pese al aumento en el gasto total, sugiere una “falsa dicotomía” entre cantidad y calidad, como lo describe el Banco Mundial: más recursos no equivalen a mejores resultados si no se optimizan hacia intervenciones basadas en evidencia. La UNESCO y CEPAL alertan que, al ritmo actual, ALC no alcanzará las metas del ODS 4 para 2030, enfatizando la urgencia de reasignar fondos hacia calidad en lugar de expansiones no focalizadas.
Por su parte, la estabilidad en la ponderación de remuneraciones, manteniéndose en torno al 49-50% en los últimos años, plantea interrogantes sobre su vinculación con el desempeño. Si bien la UNESCO reconoce la importancia de salarios competitivos para abordar la escasez de 44 millones de docentes globales —de los cuales una porción significativa afecta a ALC—, informes del BID y Banco Mundial advierten que en RD, este gasto no se ha traducido en mejoras sustanciales en indicadores como PISA o tasas de alfabetización funcional. Una optimización podría involucrar esquemas de incentivos por resultados, similares a los implementados en Chile o Perú, donde el gasto en eficiencia asignativa según la CEPAL.
Para elevar la calidad del gasto público en educación, los tomadores de decisiones en la República Dominicana deben adoptar un enfoque basado en evidencia. Primero, reasignar al menos el 10-15% de los recursos de categorías no esenciales —como vehículos— hacia infraestructura y tecnología educativa, alineándose con las prioridades de la UNESCO para superar la crisis de aprendizaje post-pandemia. Segundo, implementar sistemas de monitoreo de eficiencia, inspirados en las revisiones del Banco Mundial, que midan el retorno sobre la inversión (ROI) en términos de mejoras en PISA y equidad.
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Tercero, diversificar el gasto en remuneraciones mediante bonos por desempeño y capacitación continua, reduciendo rigideces fiscales. Cuarto, fomentar alianzas público-privadas con empresarios para cofinanciar infraestructura, como se ha visto en modelos exitosos de ALC según el BID. Finalmente, la creación de un organismo evaluador independiente que mida efectivamente la calidad del gasto público.
Destinar todos los años una parte importante de los recursos públicos a un sector que no ha mostrado mejorías significativas debería llamarnos la atención como país. La discusión no la centraría en si se debe continuar asignando el 4% del PIB a la educación sino en cómo se está gastando y si vale la pena continuar con esa tendencia. Debemos demandar mejores resultados en el uso de los fondos públicos, pues si bien es cierto que el gasto público total es bajo en comparación con otros países de la región, no menos cierto es que, como se ha demostrado en educación, más recursos no garantizan mejor uso, mejores resultados y servicios.
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