En el contexto de una economía dominicana que proyecta un crecimiento del PIB inferior al 3.5% para 2025, con flujo de remesas estables y un turismo en recuperación, el sistema financiero enfrenta un dilema sutil pero crítico: la ampliación de la brecha entre la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y las tasas activas promedio de los bancos comerciales. Esta brecha, que mide la diferencia entre la referencia monetaria (TPM en 5.75% desde enero de 2025) y las tasas de préstamo (14.77% en junio de 2025), alcanzó los 9.02 puntos porcentuales (p.p.) en el primer semestre de este año, el nivel más alto en la última década. Para banqueros, empresarios y hacedores de políticas, este fenómeno no es solo un indicador técnico; representa una fricción en la transmisión de la política monetaria que podría frenar la inversión privada y el dinamismo empresarial, especialmente en un entorno de inflación controlada en torno al 3.5%.
El comportamiento de esta brecha ha sido consistente pero asimétrico a lo largo de los últimos diez años. Pre-pandemia (2015-2019), osciló entre 7.5 y 8.9 p.p., reflejando un sistema financiero estable con spreads amplios que beneficiaban la rentabilidad bancaria en un contexto de crecimiento anual del PIB superior al 5%. Durante la crisis de 2020-2021, se contrajo drásticamente a 5.6-6.1 p.p., gracias a recortes agresivos en la TPM (de 6.75% a 3%) y medidas de alivio fiscal que facilitaron una caída en las tasas activas a un mínimo histórico de 9.61%. Sin embargo, en la fase post-pandemia (2022-2025), la brecha se ha expandido nuevamente: de 6.5 p.p. en 2022 a 8.3 p.p. en 2024, y ahora 9.02 p.p. en 2025. Esta tendencia se acelera en periodos de normalización monetaria, donde la TPM baja (recortes de 8.5% en 2023 a 5.75% actual) pero las tasas activas descienden con lentitud, mostrando un pass-through incompleto —alrededor del 50-60% para las activas en bajadas, frente al 80-90% en alzas—.
Las causas de esta ampliación son multifactoriales y estructurales. Con una tasa de interés real en torno al 11.3%, se pudiera decir que el aumento de la morosidad tiene un rol protagónico en este alto nivel, sin dejar de lado la competencia limitada que existe en la banca local, lo cual no contribuye a presionar para bajar las tasas. El índice de cartera vencida superó el 1.92% en junio de 2025 (frente al 1.6% de cierre de 2024), impulsado por un crecimiento de 0.58 p.p. interanual, el más alto desde la pandemia. Los bancos, en respuesta, incorporan primas de riesgo más elevadas —estimadas en 0.5-1 p.p. por cada 0.5 p.p. de morosidad—, elevando las tasas activas para cubrir provisiones que alcanzaron RD$50-60 mil millones anuales, impactando negativamente las utilidades netas (contracción del 2.6% en el primer semestre de 2025).
Si esta brecha persiste, los escenarios de riesgo son tangibles y podrían amplificar vulnerabilidades sistémicas. En un escenario base (morosidad estabilizándose en 1.8% fin de año), el crédito crecería por debajo del potencial, limitando la inversión empresarial y reduciendo el aporte del consumo al PIB en 0.5-1 p.p. Para microempresarios y pymes —que representan 70% de la fuerza laboral—, tasas activas por encima de 15% en préstamos de capital de trabajo elevarían costos financieros en 20-30%, exacerbando la informalidad y el desempleo.
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Revertir esta situación requiere un enfoque multifacético, priorizando medidas que no solo contraigan la brecha sino que beneficien directamente a empresas, empresarios y microempresarios, fomentando inclusión financiera y crecimiento inclusivo implementando políticas fiscales complementarias en donde podrían incluir exenciones selectivas en ISR para bancos que reduzcan spreads en préstamos productivos, similar a los adelantos voluntarios pasados pero invertidos en estímulo, o aumentar transitoriamente el límite de deducción de cuentas incobrables estipulado en el Art. 29 del Reglamento 139-98 establecido actualmente en un 4.0%. Permitir mayor deducción sincerizaría la situación que están viviendo muchas empresas en donde han visto un incremento significativo en sus cuentas por cobrar debido a las altas tasas de interés y la ralentización de la economía. Esto último seduda algunas sería un alivio fiscal importante.
En conclusión, la brecha TPM-activa de 9.02 p.p. no es un mero artefacto técnico, sino un síntoma de rigideces y tema estructural que, si no se abordan, podrían mermar la resiliencia económica dominicana. Banqueros deben equilibrar rentabilidad con responsabilidad social; empresarios, abogar por reformas que amplíen su acceso al capital y permitir alivios fiscales; y hacedores de políticas, actuar con urgencia para alinear la transmisión monetaria con el desarrollo inclusivo. Una brecha contraída no solo estabilizaría el sistema financiero, sino que impulsaría un crecimiento sostenido, beneficiando a todos los estratos productivos. El momento es ahora, antes de que los riesgos se materialicen.
