En este lado de la isla, cerca del 60% de la población es menor de 35 años y el 32% tiene entre 15 y 35 años, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Esta cifra, que podría representar una ventaja estratégica para el desarrollo del país, es también un reflejo de una crisis silenciosa: una gran parte de la juventud está desconectada del sistema productivo. Jóvenes que no estudian ni trabajan. Otros que lo hacen en condiciones precarias, sin contratos ni protección social. En síntesis, un enorme potencial humano subutilizado.
La dimensión del problema
La juventud del país enfrenta barreras estructurales para incorporarse plenamente al desarrollo nacional. Según datos recientes del Ministerio de Trabajo y el Banco Central:
- El desempleo juvenil ronda el 20%, esto es, más del doble que el promedio nacional. Es decir, del total de los jóvenes de la Población Económicamente Activa (PEA), cerca del porcentaje descrito se encuentra en esta situación.
- Cerca del 25% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan (los llamados «NINI»).
- Del total de jóvenes empleados, más del 45% está en el sector informal, sin seguro médico ni derechos laborales según datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).
Estas cifras no solo son preocupantes, sino que comprometen el futuro económico y social del país. La falta de oportunidades frena el desarrollo personal, alimenta el ciclo de pobreza y, en muchos casos, empuja a los jóvenes hacia salidas de alto riesgo, como la migración irregular, el trabajo informal extremo y, en el peor de los casos, a la delincuencia.
Entre la formación y el mercado: un puente roto
Una de las principales causas de esta desconexión es la distancia entre lo que se enseña y lo que el mercado laboral realmente necesita. Muchos jóvenes egresan de programas académicos que no les ofrecen las habilidades prácticas ni digitales necesarias para encontrar empleo. A esto se suma la falta de experiencia, una barrera común cuando las empresas prefieren contratar personal con historial comprobado, reafirmando el paradójico muro de la no adquisición de experiencia por el bloqueo que genera este comportamiento de estos actores. De ahí a que un amigo con aparente incomodidad me preguntara: ¿cómo obtendré la experiencia si no me dan la oportunidad?, esta pregunta es muy popular entre los jóvenes de nuestro país.
Las formación técnica-profesional se ha vuelto tan tradicional que ha sido un eslabón más en la cadena fallida sistémica de la desconexión entre la educación y el mercado laboral.
También existen obstáculos territoriales y sociales. Los jóvenes de zonas rurales o con menos recursos tienen menor acceso a oportunidades de capacitación y empleo.
Veamos la distribución de los desocupados:
Esta distribución nos muestra una alta concentración del desempleo en la población joven y adulta joven. Específicamente, el grupo de 20 a 39 años representa el 67% del total de personas desocupadas, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad de este segmento ante las condiciones del mercado laboral. Le sigue el grupo de 40 a 59 años con un 20%, mientras que los jóvenes de 15 a 19 años constituyen el 11% del total, probablemente debido a su limitada experiencia laboral o aún estar en proceso de formación educativa. Por otro lado, los adultos de 60 años o más apenas representan el 2% de los desocupados, lo cual puede atribuirse a una menor participación laboral por motivos de jubilación u otros factores. Esto nos deja más de 200,000 jóvenes entre 15 y 39 años sin empleos, lo que representa, como ya vimos, cerca del 20% de este grupo etario.
Las consecuencias de una juventud excluida
La desconexión de los jóvenes no solo afecta a los individuos; es un freno para el desarrollo del país. Al no aprovechar el “bono demográfico”, se pierde productividad, talento e innovación. Además, se incrementa la dependencia económica, la pobreza juvenil y la frustración social de no poder insertarse en un mercado con demanda disímil respecto a la oferta de postulantes.
En muchos casos, como se destaca anteriormente, esta exclusión empuja a los jóvenes hacia decisiones de alto riesgo, como migración irregular, trabajos peligrosos o actividades ilícitas. También erosiona la confianza en las instituciones y genera un sentimiento de abandono que puede tener efectos psicológicos y físicos duraderos.
Lo que otros países han hecho bien
Algunos países latinoamericanos han tomado medidas creativas y efectivas para enfrentar este problema:
- Colombia: El programa Jóvenes en Acción combina apoyo financiero con formación técnica para jóvenes de bajos ingresos. Este programa iniciado en 2001 está dirigido a jóvenes entre 14 y 28 años que cumplan con los criterios establecidos en dicho programa.
- México: Jóvenes Construyendo el Futuro vincula directamente a jóvenes con empresas para entrenarlos en habilidades laborales. El programa, está dirigido un grupo etario parecido al anterior, jóvenes entre 14 y 29 años.
- Costa Rica: Ha implementado un sistema de educación técnica dual, en el que los estudiantes alternan entre clases y prácticas en empresas.
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Todo lo anterior plantea la gran pregunta: ¿qué puede hacer la República Dominicana?
La solución no está en una sola política, sino en un conjunto de acciones coordinadas que reconozcan a la juventud como prioridad nacional:
- Reformar y fortalecer la educación técnico-profesional, incorporando las populares habilidades blandas “soft skills”, digitales y prácticas desde la secundaria.
- Establecer alianzas sólidas con el sector privado para generar pasantías, mentorías y primeros empleos. Aunque el Estado tiene algunos programas dirigidos a este punto, como el “Mi primera Oportunidad” iniciativa del Ministerio de la Juventud, se necesitan otras y más fuertes para facilitar la inserción al mercado laboral y la movilidad de la informalidad a la formalidad.
- Diseñar incentivos fiscales para que las empresas contraten jóvenes, especialmente en sus primeros años de experiencia.
- Crear programas de empleo juvenil con protección social mínima, que eviten la perpetuación de la informalidad.
- Desarrollar plataformas tecnológicas y redes locales para conectar oferta y demanda de trabajo juvenil en todo el territorio nacional.
Pese a que algunas políticas públicas ya han intentado abordar estos temas, las cifras oficiales muestran que la situación sigue siendo preocupante y necesita una gestión seria. Por eso, es importante mejorar los programas que ya existen e implementar nuevas políticas que ayuden a mover el mercado en la dirección correcta.
Para finalizar, podemos decir que la desconexión de la juventud dominicana del mercado laboral constituye uno de los desafíos estructurales más urgentes para el desarrollo económico y social del país. Con altos niveles de desempleo, informalidad y desajuste entre la formación académica y las necesidades del aparato productivo, el país enfrenta el riesgo de desperdiciar su bono demográfico. Esta situación afecta de manera particular a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, quienes enfrentan barreras educativas, territoriales y sociales para acceder a oportunidades laborales dignas.
La experiencia regional muestra que es posible revertir esta tendencia mediante políticas integrales que vinculen directamente la formación con el empleo, incorporen habilidades técnicas, digitales y blandas desde etapas tempranas, y articulen esfuerzos entre el Estado, el sector privado y las comunidades locales. Rep. Dom. necesita avanzar con decisión hacia un nuevo modelo de empleabilidad juvenil que priorice la inclusión productiva, la formalización y el cierre de brechas. Solo así será posible transformar la actual crisis silenciosa en una oportunidad estratégica de desarrollo sostenible.
