El desarrollo de una nación no se mide únicamente por el crecimiento de su economía o la expansión de su infraestructura. También se refleja en la capacidad de garantizar servicios esenciales que inciden directamente en la vida de las personas. Entre ellos, el acceso al agua potable y al saneamiento ocupa un lugar fundamental por su relación con la salud, la dignidad humana y el progreso de las comunidades.
Cuando el agua llega a los hogares con calidad y regularidad, sus beneficios se extienden mucho más allá del consumo. Esto mejora las condiciones sanitarias, reduce la exposición a enfermedades y facilita las actividades domésticas y productivas. De igual manera, disponer de sistemas adecuados para recolectar y tratar las aguas residuales contribuye a preservar las fuentes hídricas, proteger el medioambiente y favorecer un crecimiento urbano más ordenado.
Por esta razón, invertir en agua potable y saneamiento es también invertir en productividad, bienestar y desarrollo sostenible. Cada acueducto, planta de tratamiento, red de distribución, colector o tanque de almacenamiento adquiere su valor cuando se convierte en un servicio capaz de transformar positivamente la vida cotidiana de la población.
Un esfuerzo estatal que merece ser reconocido
En los últimos años, el agua potable y el saneamiento han adquirido una mayor presencia dentro de las prioridades de inversión de la República Dominicana. La ejecución de nuevos sistemas, la rehabilitación de infraestructuras existentes y la ampliación de redes reflejan un esfuerzo sostenido del Estado por responder a estas necesidades acumuladas.
Este proceso ha contado con la participación del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y las demás prestadoras regionales. Sus intervenciones han permitido recuperar capacidad de producción, llevar el servicio a nuevas comunidades y fortalecer los sistemas de almacenamiento, distribución y tratamiento de aguas residuales.
A este esfuerzo se suma el Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036, que aporta una visión de largo plazo y reconoce que la seguridad hídrica requiere planificación, recursos y continuidad más allá de un período de gobierno. El acompañamiento técnico y financiero de organismos multilaterales también confirma la relevancia estratégica que ha adquirido el sector.
Aunque la magnitud de las necesidades exige mantener y ampliar las acciones, los resultados alcanzados en agua potable y saneamiento representan aportes directos a la salud, la seguridad y la calidad de vida de la población. La inversión realizada no solo responde a déficits históricos, sino que comienza a construir las condiciones para que el agua y el saneamiento se consoliden como servicios más eficientes y capaces de acompañar el desarrollo económico y social.
Avances que ya se traducen en resultados
Los avances del sector pueden observarse en diferentes puntos del territorio nacional. Durante 2025, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), según su memoria anual, desarrolló intervenciones de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de sistemas que beneficiaron directamente a más de 530,000 habitantes, extendiendo la cobertura y respondiendo a necesidades históricas de comunidades urbanas y rurales.
En el Gran Santo Domingo, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) mantuvo una producción superior a los 436 millones de galones diarios, acompañada de trabajos para rehabilitar sistemas y ampliar las redes. Proyectos como el nuevo tanque de Ciudad Juan Bosch, con capacidad para almacenar 1.6 millones de galones, buscan fortalecer el almacenamiento y mejorar la continuidad del suministro ante el crecimiento de la demanda.
En Santiago, la rehabilitación de la planta potabilizadora Noriega I permitió modernizar los procesos, fortalecer la calidad del agua y recuperar parte del caudal que anteriormente se perdía por fugas y deficiencias operativas. A esta obra se suma el sistema de abastecimiento Puñal–La Penda, que incluye un tanque de 2 millones de galones y beneficiará aproximadamente a 70,000 personas. La planificación de nuevos tanques reguladores en Cerros de Gurabo, Los Polanco, Tierra Alta, Bella Vista y Cienfuegos también contribuirá a mejorar la presión, el almacenamiento y la estabilidad del suministro.
Los esfuerzos en saneamiento son igualmente relevantes. La recuperación del arroyo Gurabo está transformando un entorno históricamente afectado por la contaminación y la vulnerabilidad, beneficiando directamente a más de 12,000 familias. Asimismo, los colectores La Rosaleda y La Piña ampliarán la recolección de aguas residuales y contribuirán a proteger el río Yaque del Norte.
A estas intervenciones se agregan el drenaje pluvial de Villa María, concebido para enfrentar inundaciones que han afectado a la comunidad durante décadas, y el saneamiento de la cañada Hoya de Caimito, que beneficiará a sectores como Villa Olga, Los Hidalgos, El Embrujo I y La Española. Ambas obras buscan reducir riesgos, eliminar focos de contaminación y recuperar entornos urbanos para el disfrute de sus habitantes.
Infraestructura que debe consolidarse como servicio
Los avances alcanzados confirman que el país se mueve en la dirección correcta. Sin embargo, la dimensión de estas inversiones se aprecia cuando las obras se convierten en servicios continuos, seguros y eficientes. Una planta potabilizadora, un tanque o una red de distribución adquieren su mayor valor cuando mejoran la presión, reducen las interrupciones y permiten que el agua llegue con calidad a los hogares. De igual manera, los sistemas de alcantarillado y drenaje cumplen su propósito cuando protegen la salud, previenen inundaciones y evitan que las aguas residuales contaminen ríos y cañadas.
Las recomendaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo coinciden con esa visión. Ambos organismos promueven la reducción de pérdidas en las redes, el fortalecimiento operativo de las prestadoras, la ampliación del saneamiento, el tratamiento y reúso de las aguas residuales, así como una gestión más resiliente frente al cambio climático. Estas orientaciones no contradicen el camino recorrido; ofrecen herramientas para proteger las inversiones realizadas y elevar su impacto.
El siguiente paso debe ser acompañar la construcción con mantenimiento, medición y seguimiento permanente. Además de contabilizar las obras entregadas y las personas beneficiadas, será importante evaluar las horas de suministro, la calidad del agua, la reducción de pérdidas y la proporción de aguas residuales tratadas. De esta manera, el progreso del sector podrá medirse no solo por la infraestructura construida, sino por la calidad y confiabilidad del servicio que recibe la población.
Una visión de Estado que debe continuar
Los avances en agua potable y saneamiento merecen ser reconocidos porque representan inversiones directas en la salud, la seguridad y la calidad de vida de la población. Las obras desarrolladas en distintas comunidades demuestran que el país ha comenzado a enfrentar necesidades acumuladas durante décadas y a colocar la seguridad hídrica dentro de sus prioridades de desarrollo.
La magnitud del desafío requiere mantener este esfuerzo más allá de los períodos gubernamentales. El Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036 ofrece una base para sostener esta visión de largo plazo. Alcanzar sus objetivos dependerá tanto de la acción del Estado como del compromiso ciudadano con el uso responsable y la valoración del agua.
Cuando una familia recibe agua con mayor calidad y regularidad, una comunidad deja de inundarse o una cañada contaminada se convierte en un espacio seguro, la infraestructura trasciende su dimensión física. Es entonces cuando cada planta, tanque, red o sistema de saneamiento cumple su propósito esencial: transformarse en bienestar y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de la República Dominicana.
