Sin darle muchas vueltas a las justificaciones técnicas ya enormemente abordadas por grandes profesionales en medios audiovisuales y escritos con un nivel de detalle más que suficiente. Se puede decir que, hoy casi nadie duda, al menos entre los que siguen de cerca la economía, que el país necesita una reforma fiscal. El problema es que es un tema difícil de verle la cara, incómodo de más, y por eso siempre se pospone. Pero la realidad, aunque no se quiera ver, se impone, y es que nuestras finanzas públicas llevan años pidiendo atención. El déficit fiscal se acumula y la deuda pública crece año tras año. Mientras más tiempo pasa sin tomarse medidas “estructurales” (aunque hemos martillado mucho esta palabra, es la realidad), más complejo se vuelve corregirlo. Veamos:
La gráfica que acompaña este apartado refleja cómo, pese a ciertas variaciones en la última década, el déficit se mantiene en niveles negativos persistentes, con cierta intensificación postpandemia. Esto confirma que no se trata de un desajuste coyuntural, sino de un problema estructural que, de no corregirse a tiempo, limita cada vez más la capacidad de maniobra del Estado.
Una de las consecuencias del déficit ha sido el incremento sostenido de la deuda pública. Durante mucho tiempo, el crecimiento económico nos dio cierto respiro. Como el PIB aumentaba con fuerza, la deuda parecía menos pesada en relación con la economía. Pero en números absolutos, el monto de la deuda no dejó de subir. Dicho de otra forma, crecíamos lo suficiente para que la deuda no se viera tan grande, aunque en la práctica sí lo era. Ese margen empieza a agotarse, y depender del crecimiento económico como solución automática ya no es suficiente.
Hoy el panorama es diferente. La economía se está desacelerando. El crecimiento interanual del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) apenas fue 2.9 % a julio de 2025 según cifras del BCRD, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta el PIB al cierre del año alrededor del 3%, por debajo de lo que se esperaba a inicios de año (4.75%) de acuerdo con datos del entonces MEPyD. Para 2026 se proyecta un 4.5%, todavía por debajo del promedio histórico dominicano. Esto no significa que estemos en crisis, pero sí que ya no tenemos el mismo espacio para seguir aplazando decisiones difíciles.
A esa desaceleración se suma la presión del tipo de cambio. En mayo, el dólar se cotizaba por debajo de los 59 pesos; hoy ronda los 63.50, aunque con una ligera apreciación del peso tras la reunión de la Junta Monetaria la semana pasada, cuando la tasa superaba los 64 pesos por dólar. Esta volatilidad encarece las importaciones, empuja al alza los precios internos, eleva el costo de la deuda externa y erosiona la confianza en la estabilidad económica. Las empresas que dependen de insumos importados ven cómo sus costos se incrementan, mientras que los ciudadanos sienten el impacto directo en productos básicos como alimentos, servicios y medicamentos.
Con este escenario, es evidente que la reforma fiscal es necesaria, pero también que el momento actual no es el más idóneo para introducirla de manera completa. Aplicar una reforma en medio de una economía ralentizada y con presiones cambiarias podría generar tensiones adicionales y riesgos políticos. Sin embargo, esto no significa que el debate pueda seguir guardado en la gaveta. Al contrario, tan pronto el contexto se estabilice, no hay excusa válida para seguir postergándola. Cada día de retraso encarece el costo de la reforma y reduce su margen de efectividad.
Una reforma fiscal no es simpática. Significa revisar exenciones, combatir la evasión (estimada en +-6% del PIB), mejorar el gasto y, posiblemente, ajustar algunos impuestos. Nadie quiere pagar más, y ningún gobierno quiere cargar con el costo político de pedirlo. Pero ignorar el problema solo lo agrava. No hay país que pueda vivir indefinidamente financiándose con deuda. Cada año que pasa sin medidas estructurales aumenta el riesgo de que un eventual ajuste sea más drástico y doloroso para todos. Para ilustrar un poco, observemos uno de los puntos abordados, el gasto tributario:
Como se puede visualizar, solo Colombia, Uruguay, Honduras y Brasil superan a Rep. Dominicana (4.8% del PIB) en sus últimas actualizaciones del gasto tributario y, como quien escribe ha destacado en artículos anteriores, para ponerlo en perspectiva, este porcentaje equivale a más que el presupuesto del Ministerio de Educación. Este es un punto importante de profundo análisis de cara a la Reforma.
Ahora bien, no se trata de aprobar cualquier reforma. Tiene que ser una que funcione. Una reforma que aumente ingresos, pero también mejore la calidad del gasto. Que sea más justa, equilibrada y con objetivos claros. Y que sea transparente, de modo que la gente vea que sus impuestos se transforman en mejores servicios. La experiencia de otros países muestra que los ajustes fiscales que combinan ingresos y gasto de manera equilibrada tienden a ser más sostenibles y menos conflictivos socialmente.
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El gasto público también necesita atención. No se trata solo de recaudar más, sino de gastar mejor. A veces los recursos se pierden en duplicidades, proyectos ineficientes o gastos que no generan beneficios reales para la población. Una reforma fiscal efectiva debe asegurarse de que cada peso recaudado se traduzca en servicios de calidad, infraestructura y programas sociales que mejoren la vida de los ciudadanos.
La República Dominicana ha demostrado que puede crecer y salir adelante incluso en tiempos difíciles. Pero en materia fiscal, el tiempo se está acabando. El déficit no se corrige solo, la deuda no se reduce sola y la estabilidad del peso no depende de la suerte. Una reforma fiscal integral es la única forma de asegurar que el país siga creciendo y que el Estado pueda responder a las necesidades de su gente.
Por eso, aunque ahora no sea el mejor momento para introducirla, la discusión y el diseño de la reforma fiscal no pueden seguir esperando. Tan pronto el contexto se estabilice (cuando la economía muestre señales claras de recuperación y la presión cambiaria disminuya), su implementación deberá ser inmediata. Postergarla solo hará que mañana sea más dura y costosa.
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Además, la reforma fiscal no solo es una medida económica; es una herramienta de justicia social. Una buena reforma permite que quienes más tienen contribuyan de manera proporcional, mientras se protege a los sectores más vulnerables de cargas desmedidas (regresividad). La equidad tributaria es un componente esencial para que la sociedad perciba la reforma como legítima y necesaria, y no como un castigo o un capricho del gobierno.
La experiencia internacional enseña que los países que combinan crecimiento económico con disciplina fiscal y equidad logran estabilidad a largo plazo. Por eso, el país tiene que mirar hacia adelante, preparar la reforma con cuidado, comunicarla con transparencia y, en cuanto sea posible, implementarla. No hay alternativa si queremos asegurar crecimiento, estabilidad y confianza ciudadana.
En este punto, merece la pena acercarnos a los datos regionales de los ingresos tributarios respecto al PIB:
Esta gráfica comparativa sobre presión tributaria muestra que República Dominicana recauda bastante menos que el promedio regional. Esta diferencia, unida a la magnitud de la evasión, evidencia que existe un margen considerable para mejorar la recaudación sin necesariamente incrementar las tasas generales, priorizando la reducción de brechas y la eliminación de exenciones ineficientes.
Visto esto, debemos tener en mente, que la reforma fiscal perfecta no existe y no existirá, pero si debemos aspirar a tener la más razonable posible, ajustada a las necesidades y demandas actuales. Es una tarea muy compleja, en la que se debe desmenuzar la composición fiscal hasta donde se pueda, hacer una radiografía, analizar, pactar con los distintos sectores y decidir qué se puede hacer o no con cada uno de los puntos.
En resumen, la reforma fiscal es incómoda y políticamente sensible, pero imprescindible. El país no puede esperar a que los problemas se resuelvan solos. El momento actual exige paciencia para no afectar la economía de manera inmediata, pero también decisión para actuar sin dilaciones cuando el contexto lo permita. Una reforma bien diseñada será la base para un futuro más sostenible, justo y estable para todos los dominicanos.
