La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respaldó este lunes las nuevas medidas de control que implementará la Dirección General de Aduanas (DGA) sobre el tránsito de mercancías hacia Haití, y exigió que las sanciones a quienes incumplan la normativa vigente queden claramente definidas.
El apoyo del gremio industrial llega en un momento en que las operaciones transfronterizas formales enfrentan presión por el comercio irregular, lo que, según la AIRD, afecta la competitividad de las empresas que operan dentro del marco legal dominicano. Una regulación más precisa y ejecutada con rigor reduciría las distorsiones que penalizan a los exportadores formales.
Las medidas de la DGA
La DGA estableció tres cambios concretos en el régimen de tránsito: la obligatoriedad de solicitar las operaciones con al menos 24 horas de antelación, la fijación de un horario límite para la salida de cargas hacia Haití y el reforzamiento de la supervisión, la seguridad y el cumplimiento del marco legal aplicable.
Según la AIRD, ya existen disposiciones específicas para el tránsito internacional de mercancías que contemplan procedimientos de inspección, trazabilidad, custodia y verificación de cargas. Lo que el gremio reclama ahora es que esos procedimientos y sus sanciones asociadas estén «claramente definidos», en palabras de Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la entidad.
«Para el sector industrial es fundamental que los procedimientos que deben cumplirse en relación con el tránsito hacia Haití estén claramente definidos y que, de igual manera, lo estén las sanciones aplicables a quienes incumplan la normativa vigente. Esto permitirá reducir situaciones que puedan afectar las operaciones que se realizan formalmente desde República Dominicana», afirmó Pujols.
La demanda de coordinación institucional
Más allá del respaldo a las nuevas medidas, la AIRD plantea una agenda de mediano plazo: mantener canales institucionales de comunicación entre la DGA, otras entidades gubernamentales con presencia en la frontera domínico-haitiana y el sector privado. El objetivo declarado es que las empresas conozcan con antelación cualquier modificación de procedimientos y puedan evaluar sus implicaciones operativas antes de su implementación.
«Una comunicación permanente permite que las empresas sepan qué se espera de ellas, que las autoridades conozcan las condiciones reales bajo las cuales se desarrollan las operaciones y que podamos implementar mejoras en los procesos que permitan anticipar situaciones que afecten el comercio formal», sostuvo Pujols.
El gremio también valoró la postura de la DGA de «tolerancia cero» frente a las irregularidades identificadas en los procesos de tránsito, y expresó confianza en que ese criterio sea adoptado por todas las instancias gubernamentales con incidencia en la frontera. El próximo indicador a seguir es la aplicación efectiva de las nuevas reglas y la publicación formal de las sanciones que enfrentarán los operadores que las incumplan.
