La Operación Senasa 2.0 movilizó esta madrugada del viernes 18 de septiembre a la Procuraduría General de la República, que ejecutó decenas de allanamientos en centros médicos, clínicas y laboratorios en el marco de una investigación por corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), la aseguradora pública que cubre a millones de dominicanos de bajos ingresos. Al menos 25 médicos fueron apresados durante los operativos, según informó el Ministerio Público.
El presunto desfalco investigado supera los RD$15,000 millones, dinero que habría sido desviado en perjuicio de los asegurados de SENASA. La magnitud del monto sitúa este caso entre los mayores escándalos de corrupción en el sistema de salud pública del país, con implicaciones directas sobre los recursos destinados a la atención de los sectores más vulnerables de la población.
El entramado investigado
Según el Ministerio Público, en el esquema de corrupción participaron funcionarios públicos, empresarios, dueños de clínicas y propietarios de laboratorios, lo que apunta a una red que operaba tanto dentro como fuera del Estado. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General, donde estaban siendo interrogados en horas de la mañana del viernes 18 de septiembre.
El principal imputado en el caso es Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud, quien ya guarda prisión preventiva en la cárcel de Las Parras. Hazim enfrenta cargos por el presunto desfalco de más de RD$15,000 millones en perjuicio de los asegurados del sistema.
Antecedentes: de la Operación Cobra a Senasa 2.0
Las investigaciones que desembocaron en los allanamientos de este viernes no son nuevas. El Ministerio Público inició las indagaciones en diciembre de 2025 a través de la denominada Operación Cobra, que sirvió de base para construir el expediente que ahora sostiene la Operación Senasa 2.0.
Los operativos del viernes 18 de septiembre fueron encabezados por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y se realizaron bajo condiciones de lluvia, según reportes desde los puntos de allanamiento. La Procuraduría no precisó, hasta el momento de esta publicación, el número exacto de locaciones intervenidas, aunque las fuentes del Ministerio Público describieron los operativos como de escala amplia.
El avance de este caso pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial dominicano para procesar una investigación de múltiples imputados con ramificaciones en el sector privado de salud. Los próximos pasos serán la presentación formal de cargos y la definición de medidas de coerción para los 25 médicos apresados, una audiencia que el Ministerio Público deberá convocar en los plazos establecidos por el Código Procesal Penal.
