Santo Domingo.– En un hecho inusual dentro de la administración pública dominicana, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), bajo la dirección de Milton Morrison Ramírez, presentó una querella penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La acción judicial se dirige contra el presidente de la empresa Dekolor, S.R.L., Rogelio Oruña, y su gerente general, Sandra Oruña, por una presunta trama de intentos de soborno, extorsión y presión institucional.
La querella incluye acusaciones graves, como la oferta de hasta un millón de dólares estadounidenses y pagos mensuales en efectivo por RD$3,000,000.00, con el propósito de lograr la prórroga de un contrato estatal vencido. Dicho contrato fue otorgado originalmente en enero de 2020 a Dekolor por un periodo de cinco años, con el fin de gestionar el sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país.
El contrato incluía la operación de 21 centros de atención, suministro de personal, tecnología y equipos. Sin embargo, su vigencia fue extendida en tres ocasiones mediante adendas que, según detalla la denuncia, no contaron con la debida aprobación del Consejo del INTRANT.
La actual gestión del INTRANT identificó presiones indebidas para renovar nuevamente el acuerdo sin realizar una licitación competitiva. Morrison decidió actuar legalmente tras recibir evidencia de pagos en efectivo y amenazas directas, señalando que tales actos representan un claro intento de manipulación de decisiones institucionales.
Los hechos imputados se enmarcan en los delitos de soborno (Ley 448-06), asociación de malhechores, lavado de activos (Ley 155-17), estafa contra el Estado y chantaje electrónico (Ley 53-07). La querella cuenta con el respaldo de informes técnicos internos, auditorías de la Contraloría General y declaraciones de funcionarios clave.
Una de las particularidades de este caso radica en que, en la mayoría de los procesos por corrupción administrativa en República Dominicana, la persecución penal es ejercida directamente por el Ministerio Público. En este caso, sin embargo, es el propio director de una entidad gubernamental quien promueve la acción penal, lo cual constituye un precedente raro en la práctica judicial del país.
Además, la querella apunta a la existencia de una estructura organizada, cuya finalidad habría sido capturar contratos públicos mediante coacción y sobornos, lo que levanta sospechas sobre la participación de otros actores públicos o privados que deberán ser investigados por las autoridades.
Este proceso pone en evidencia los desafíos que aún persisten en la contratación pública dominicana y la urgencia de fortalecer los mecanismos de transparencia, control y fiscalización. La acción legal del INTRANT podría marcar un hito institucional en la lucha contra prácticas que distorsionan la competencia y vulneran los principios de legalidad en la administración de recursos públicos.
