Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión de oficio de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a empresas y consorcios presuntamente vinculados a una red que habría manipulado licitaciones mediante prácticas fraudulentas. Esta acción forma parte de una medida cautelar preventiva, no sancionadora, destinada a proteger la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).
Según la resolución DGCP44-2025-004600, las razones sociales suspendidas son: Comerdon SRL; Inversiones Qtek SRL; Condelca SRL; Tingley Business SRL; Mediterráneo Investments Group SRL; Kury Limited; Importadora Coav SRL; Empresas Integradas SAS; Flexiplas SRL; Inversiones Nogal Verde SRL; Agro Avícola Benevento SRL; Grupo Empresarial Barnichta SRL; Inversiones Yang SRL; Topicverse SRL y Roment SRL.
También fueron suspendidos los consorcios Empresas Integradas & Concreto Pretensado; Empresas Integradas & Constructora Yeara; Empresas Integradas & Farmasino; Empresas Integradas & Tankasa; y el Consorcio Importadora Integrada (Importadora Coav).
La DGCP advirtió que, conforme avancen las investigaciones, otras personas físicas o jurídicas podrían ser agregadas a la lista. La institución explicó que la decisión responde a una investigación administrativa y a una investigación penal en curso del Ministerio Público por presuntos delitos como estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores, todos vinculados a la suspensión de proveedores del Estado por fraude, frase clave objetivo de esta nota.
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La institución subrayó que mantener habilitadas a estas entidades representa un “riesgo grave e inminente” para la transparencia del sistema, debido a indicios de operaciones coordinadas para alterar la competencia. Según el documento oficial, permitir que estas empresas continúen operando podría facilitar reiteración de infracciones, obstrucción o afectación de procesos de contratación.
Antecedentes
El órgano rector recordó que, a finales de octubre, remitió a la Procuraduría General de la República un informe técnico elaborado con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, donde se documenta la existencia de una estructura que habría manipulado procesos de compras estatales. El informe incluye indicios de intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos, afectando la libre competencia.
La investigación reveló patrones coincidentes entre las empresas involucradas, incluyendo participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos. El documento también recoge testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, confirmando la existencia de mecanismos que distorsionan la transparencia y equidad del sistema.
