Los delitos de alta tecnología registraron un incremento de 36% en República Dominicana el año pasado: el Ministerio Público contabilizó 14,202 casos frente a los 10,428 reportados en 2024, según datos oficiales de la institución.
La cifra refleja una presión creciente sobre usuarios bancarios y consumidores digitales, cuyas cuentas y tarjetas son explotadas por terceros para realizar compras no autorizadas en línea. Cada caso no resuelto con rapidez puede significar pérdidas directas para personas de ingresos medios y bajos que dependen de sus salarios depositados en cuenta.
Un fenómeno con múltiples rostros
Las modalidades de fraude electrónico son variadas. Un ejemplo recurrente es el de cuentahabientes que descubren movimientos no autorizados en sus tarjetas de débito o crédito al intentar realizar pagos cotidianos, como compras en supermercados. En esos casos, terceros utilizan los datos de la tarjeta o las credenciales de acceso para efectuar transacciones por Internet sin el conocimiento del titular.
De acuerdo con el Ministerio Público, la tendencia al alza en los delitos de alta tecnología no se limita a un solo tipo de fraude, sino que abarca un espectro amplio de conductas ilícitas habilitadas por medios digitales.
RD lidera resiliencia cibernética en la región
A pesar del aumento en los casos, República Dominicana encabeza el Ranking Regional de Resiliencia Cibernética elaborado por la firma tecnológica SISAP, con un índice de resiliencia del 54%. Le siguen Costa Rica (53%), Panamá (49%), Colombia (48%), El Salvador (41%), Guatemala (39%), Honduras (34%) y Nicaragua (32%).
La resiliencia cibernética mide la capacidad de un país para anticipar, resistir y recuperarse de incidentes digitales, e incluye factores como marcos regulatorios, capacidades técnicas del sector público y privado, y cultura de ciberseguridad. Que RD lidere ese índice mientras simultáneamente registra un alza en delitos sugiere que el crecimiento de la actividad digital en el país —y de los potenciales blancos de ataque— supera todavía la velocidad de la respuesta institucional.
El contraste entre ambos indicadores señala la doble realidad del ecosistema digital dominicano: mayor preparación relativa frente a sus pares regionales, pero también mayor exposición a medida que más transacciones y servicios migran al entorno en línea. Los próximos reportes del Ministerio Público y la evolución de la regulación de ciberseguridad serán los termómetros a seguir para determinar si la brecha entre capacidad defensiva y volumen de ataques comienza a cerrarse.
