Diario Financiero.- La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, aseguró este jueves que los pagos por expropiaciones realizados durante su gestión respondieron exclusivamente al cumplimiento de obligaciones legales del Estado dominicano, y no a decisiones discrecionales o irregulares, como sostiene el Ministerio Público.
El abogado Eduardo Núñez explicó que los desembolsos cuestionados se originaron en sentencias judiciales definitivas, decretos de expropiación y avalúos técnicos emitidos por la Dirección General de Catastro Nacional, en estricto apego a los procedimientos establecidos en las leyes núm. 150-14 y 107-13.
Según detalló, una parte significativa de los pagos corresponde a expropiaciones ejecutadas hace varias décadas, algunas desde los años 50 y 60, cuando el Estado ocupó terrenos destinados a carreteras, aeropuertos, parques y otras obras públicas, sin completar en su momento las compensaciones a los propietarios.
“La Constitución prohíbe que el Estado ocupe propiedades privadas sin una compensación previa y justa. Estos pagos no fueron discrecionales, sino el cumplimiento de obligaciones jurídicas pendientes”, afirmó Núñez.
Sentencias judiciales y avalúos oficiales
El jurista precisó que más del 40 % de los pagos fueron ordenados directamente por tribunales, incluyendo decisiones de la Suprema Corte de Justicia, lo que, a su juicio, excluye cualquier margen de discrecionalidad administrativa.
El resto de los desembolsos, explicó, se realizó con base en tasaciones técnicas de Catastro Nacional, muchas de ellas por debajo del valor de mercado, y posteriormente validadas por instancias judiciales.
“Cumplir una sentencia judicial no es corrupción”, enfatizó el abogado.
Rol limitado del Ministerio de Hacienda
Núñez subrayó que el Ministerio de Hacienda no fijó precios, no seleccionó beneficiarios ni resolvió conflictos de titularidad, sino que actuó únicamente como ente ejecutor administrativo.
“La función de Hacienda fue verificar que la documentación cumpliera con los requisitos legales y ejecutar pagos previamente definidos por decretos, avalúos o sentencias. No hubo margen de discrecionalidad”, sostuvo.
En respuesta directa a las imputaciones del Ministerio Público, la defensa calificó como “materialmente imposible” que Guerrero haya cometido los delitos que se le atribuyen, al alegar que no existió daño patrimonial al Estado, beneficio personal ni decisiones discrecionales.
Ahorros para el Estado y debate constitucional
La defensa afirmó que las expropiaciones no generaron pérdidas, sino ahorros superiores a RD$10,000 millones, al haberse acordado indemnizaciones por debajo del valor de mercado.
“El Estado pagó lo que legalmente debía y recibió terrenos que ya ocupa y utiliza para fines públicos”, indicó Núñez.
Finalmente, informó que la defensa presentará ante el tribunal fundamentos jurídicos, técnicos y constitucionales que, según dijo, desmontan las imputaciones formuladas en el proceso iniciado en noviembre de 2020.
“Cuestionar estos pagos implicaría aceptar que el Estado puede ocupar terrenos durante décadas sin pagarlos, lo cual es contrario a la Constitución y al interés público”, concluyó.
