El Ministerio Público presentó la acusación formal por soborno contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien recibió US$10,000 en una entrega controlada en marzo de 2025, después de exigirle a un investigado bajo su supervisión hasta US$150,000, un reloj Rolex y un automóvil Mercedes Benz a cambio de ayuda en su proceso judicial.
La acusación por soborno contra el fiscal fue depositada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales. El órgano acusador solicitó la fijación de la audiencia preliminar para conocer el acto conclusivo y la apertura a juicio.
Los hechos que motivaron la acusación
Al momento de los hechos, Valdez Alcántara era parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Según el expediente, participó en la investigación iniciada a mediados de 2024 contra el entramado de corrupción que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
En diciembre de 2024, luego de concluir un interrogatorio a la persona que después realizaría la entrega controlada, el fiscal le solicitó su número de teléfono y posteriormente le envió un mensaje vía WhatsApp. Tras una serie de acciones intimidatorias vinculadas al proceso judicial, el ahora acusado le propuso de manera explícita que le consiguiera US$200,000, cifra que redujo a US$150,000 en el curso de la negociación, además de mostrar interés en un reloj Rolex y exigir un automóvil Mercedes Benz.
Entrega controlada, arresto y prisión preventiva
En marzo de 2025, ambas partes acordaron una entrega inicial de US$10,000, tras la cual se ejecutó una orden de arresto contra Valdez Alcántara. El operativo, conocido como entrega controlada, es una técnica de investigación en la que las autoridades permiten que ocurra la transacción ilícita bajo vigilancia para reunir pruebas.
En mayo de 2025, el acusado fue sometido a la justicia y se le impuso prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal. La medida fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que fijó una revisión obligatoria para el 3 de septiembre próximo.
Cargos y solicitudes del Ministerio Público
El Ministerio Público imputa a Valdez Alcántara conducta típica a los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9 numerales 1, 15 y 16 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Además de pedir la apertura a juicio, el órgano acusador solicitó la admisión total de la acusación y todos sus elementos de prueba, por considerar que fueron presentados conforme a los requerimientos de ley. Asimismo, solicitó que se mantenga la medida de coerción impuesta mediante la Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001 y que se conserven todas las medidas cautelares sobre los bienes del acusado.
La próxima cita procesal clave es la revisión de prisión preventiva fijada para el 3 de septiembre, fecha en que el tribunal deberá determinar si mantiene, modifica o levanta la medida, mientras el caso avanza hacia la audiencia preliminar donde se definirá si hay mérito para un juicio de fondo.
