El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, confirmó en el programa Toda la Verdad que dentro del fideicomiso Velero At Punta Cana existe una empresa en la que el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, tiene más del 10% de las acciones, lo que excede el límite de participación permitido por la ley.
No obstante, Pimentel aclaró que las contrataciones en cuestión se realizaron con el proveedor adjudicado y no directamente con la empresa vinculada al ministro.
“La debida diligencia de la OGTIC fue simple y no alcanzó las estructuras reales de propiedad”, expresó Pimentel en declaraciones exclusivas a la periodista Odalis Castillo, del grupo de Medios Panorama.
Fallas en la debida diligencia y riesgos de conflicto de interés
Pimentel admitió que la evaluación realizada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) no profundizó en las verdaderas estructuras de propiedad del inmueble relacionado con la adjudicación. Ante esta situación, subrayó la necesidad de fortalecer los procesos de verificación para evitar riesgos y mejorar la transparencia en las contrataciones del Estado.
«No hubo contrato, pago ni beneficiario final», sostuvo el funcionario.
El director de Compras y Contrataciones insistió en que no se registró ningún contrato ni pago relacionado con el fideicomiso ni con la empresa vinculada a Bonilla, ya que el proceso fue cancelado tras la renuncia del adjudicatario. Sin embargo, reconoció que el país debe avanzar en mecanismos de control más estrictos para evitar conflictos de interés y riesgos reputacionales.
Empresa vinculada a Carlos Bonilla tiene su registro suspendido
Pimentel reveló que la empresa en la que el ministro del MIVED posee participación accionaria tiene su registro suspendido desde hace uno o dos años, debido a incompatibilidades legales.
Aclaró, sin embargo, que el fideicomiso Velero At Punta Cana no es proveedor del Estado y que la transacción cancelada por la OGTIC no se realizó ni con el fideicomiso ni con la empresa vinculada a Bonilla, sino con un tercero que sí cuenta con registro activo como proveedor estatal.
Sospechas sobre la negociación del alquiler
Durante la entrevista, se cuestionó que los precios de alquiler por metro cuadrado entre el fideicomiso, el inquilino Jacinto y la OGTIC eran prácticamente idénticos, lo que haría inviable un margen de ganancia. Esto ha generado especulaciones sobre si la rentabilidad nunca fue el objetivo, sino únicamente viabilizar la operación a través de un intermediario, protegiendo así a los verdaderos beneficiarios del proceso de adjudicación.
La falta de ley de beneficiarios finales debilita la transparencia
Pimentel advirtió que la ausencia de una ley de beneficiarios finales representa una de las mayores vulnerabilidades en el sistema de contrataciones públicas, ya que dificulta la identificación de los verdaderos propietarios de las empresas adjudicatarias.
«A medida que el sistema se expande y diversifica con la participación de múltiples entidades y empresas, es fundamental profundizar en la debida diligencia. Seguiremos insistiendo en ello para fortalecer la transparencia en las contrataciones”, afirmó.
Un sistema con vacíos desde 2006
Pimentel también responsabilizó a la Ley 340, aprobada en 2006, de haber sentado las bases para la impunidad en las contrataciones públicas en República Dominicana, tras la eliminación del sistema de consecuencias.
«Desde entonces, el sistema ha operado sin un mecanismo efectivo de control y sanción”, advirtió.
Ante esta realidad, insistió en la urgencia de una reforma legal que refuerce los estándares de transparencia, junto con un nuevo reglamento y medidas de debida diligencia que mitiguen los riesgos de corrupción y conflictos de interés en la administración pública.
Conclusión
Las declaraciones de Carlos Pimentel reavivan el debate sobre la transparencia en las contrataciones del Estado y la necesidad de mejorar los controles para prevenir conflictos de interés. La vinculación de una empresa relacionada con el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, dentro del fideicomiso Velero At Punta Cana, aunque sin transacción directa, refleja las fallas estructurales en los procesos de debida diligencia y verificación de beneficiarios finales en el país.
