México necesita un ajuste fiscal equivalente al 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) para estabilizar su deuda pública, advirtió Moody’s Ratings este jueves en un reporte que abarca 18 economías de América Latina y el Caribe. El balance fiscal proyectado para el país en 2026 es más débil que el necesario para detener el crecimiento de la deuda, lo que coloca a México entre los soberanos con mayores necesidades de consolidación en la región.
El ajuste fiscal México necesita es de los más elevados del continente: solo Trinidad y Tobago y Brasil presentan brechas más amplias, según la calificadora. La presión sobre las cuentas públicas mexicanas llega en un momento en que el gasto estructural es cada vez más rígido y las transferencias —partidas difíciles de recortar— han crecido de forma sostenida desde la pandemia, estrechando el margen del gobierno federal para maniobrar ante choques económicos.
Deuda creció 14 puntos del PIB en seis años
Moody’s, que mantiene a México con una calificación de Baa3 con perspectiva estable, documentó que la deuda soberana aumentó 14 puntos porcentuales del PIB entre 2019 y 2025, un incremento que comparte con Bahamas, Chile y Colombia. La agencia advierte que una mayor carga de deuda reduce la capacidad de los gobiernos para absorber crisis y eleva la importancia de lograr mejoras duraderas en el balance primario, que es el resultado fiscal antes del pago de intereses.
El gasto de las administraciones públicas mexicanas subió alrededor del 2% del PIB al comparar el promedio de 2015-2019 con el de 2021-2025, un avance similar al registrado en Chile y en la República Dominicana, según el mismo reporte.
El peso del gasto rígido y las transferencias
Parte del desafío fiscal de México reside en la composición de su presupuesto. Moody’s define como gasto rígido los pagos de intereses, subsidios, transferencias y salarios públicos: partidas que son obligatorias o muy difíciles de reducir por razones legales, contractuales, políticas o sociales. Las transferencias representan una proporción elevada dentro de ese gasto rígido y registraron aumentos persistentes tras la pandemia, un patrón que la calificadora comparte también con Ecuador y Panamá.
Esta rigidez limita el margen disponible para reducir déficits sin afectar servicios o inversión. El reporte advierte que, cuando ese margen se agota, los gobiernos suelen recurrir a recortes de inversión pública: una estrategia que genera ahorros de corto plazo, pero puede debilitar el crecimiento económico en el mediano plazo.
Restricciones del lado de los ingresos
La calificadora identificó una segunda restricción estructural: el gobierno federal mexicano debe compartir parte de su recaudación tributaria con los gobiernos locales a través del sistema de participaciones federales. Esto implica que cualquier incremento de ingresos o el producto de reformas tributarias no beneficia íntegramente al ajuste fiscal federal. El efecto crediticio de esas reformas, por tanto, dependerá de que se traduzcan en mejoras sostenidas del balance primario y en una trayectoria de deuda más favorable.
Moody’s señala que mejorar la eficiencia del gasto —sin recortar servicios públicos ni inversión— es la vía que puede contener presiones futuras sin deteriorar aún más el perfil crediticio. El reporte aclara que el documento no anuncia ninguna acción de calificación crediticia sobre México. Para los mercados regionales, incluido el dominicano, el seguimiento a la trayectoria de deuda de las economías con mayor peso en América Latina seguirá siendo un indicador clave de las condiciones de financiamiento en la región durante el resto de 2026.
