La violencia en Haití cobró al menos 1,408 vidas y dejó otras 656 personas heridas entre abril y junio de 2026, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) publicado este martes, que advierte sobre el agravamiento sostenido del conflicto armado en el país vecino de República Dominicana.
«Estas cifras muestran que la población sigue pagando un tributo inaceptable a la violencia», afirmó Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU en Haití y jefe de la Binuh. El deterioro de la seguridad presiona los flujos migratorios hacia la frontera dominicana y mantiene el riesgo de inestabilidad regional en el primer plano de las preocupaciones de Puerto Príncipe y Santo Domingo.
Concentración del conflicto y expansión territorial
La violencia se concentró principalmente en la llanura del Cul-de-Sac y varios barrios de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, donde los enfrentamientos entre pandillas por el control territorial y de fuentes de ingresos ilícitos causaron 463 muertos y 256 heridos. En esas mismas zonas se documentaron al menos 176 casos de violación y más de 18,000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares, con la suspensión de servicios esenciales como la atención sanitaria y la educación.
Las pandillas continuaron su expansión fuera de la capital, en particular en el departamento de Artibonite, con ataques contra localidades, residentes, miembros de grupos de autodefensa y agricultores. Por primera vez se registraron incursiones armadas en Séguin, en el sureste del país, lo que confirma la dispersión geográfica del conflicto más allá de los focos históricos.
Los ataques de las bandas representaron el 55% del total de personas asesinadas o heridas durante el trimestre. El número de secuestros también aumentó: al menos 81 personas fueron retenidas, frente a 57 en el trimestre anterior, un alza de 42% en tres meses.
Violencia sexual y actuación de las fuerzas de seguridad
La Binuh documentó al menos 796 víctimas de violencia sexual relacionada con las pandillas, de las cuales 772 eran mujeres y 23 niñas. El 87% de estos casos correspondió a violaciones colectivas, según el informe.
Más del 40% de las personas asesinadas o heridas durante el trimestre fueron víctimas de operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas contra las bandas. Algunas de estas operaciones se realizaron con la participación de una empresa militar privada extranjera que empleó drones explosivos, de acuerdo con la ONU. Entre las víctimas de estas operaciones había al menos 95 personas sin vínculos con las bandas, de las cuales nueve —incluidos seis niños— murieron o resultaron heridas en acciones en las que se utilizaron esos dispositivos.
La Binuh registró además 14 casos de presuntas ejecuciones sumarias o intentos de ejecución en los que estuvieron involucrados miembros de la Policía Nacional de Haití, aunque indicó que esta cifra representa una reducción significativa respecto al mismo período de 2025. Los grupos de autodefensa, por su parte, fueron responsables de cerca del 5% de los homicidios y lesiones registrados, principalmente contra miembros de pandillas o personas acusadas de colaborar con ellas.
Llamado a acelerar el despliegue de seguridad internacional
Ante el cuadro descrito, la ONU instó a mantener a Haití en la agenda internacional y a acelerar el despliegue completo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés). También pidió a las autoridades haitianas activar los primeros tribunales especializados en crímenes de masas —incluidos los de violencia sexual— y en delitos financieros.
La Binuh recordó que el uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad debe ajustarse al derecho internacional de los derechos humanos, y reclamó avances en la verificación de antecedentes de agentes policiales, así como el refuerzo de programas de prevención y reinserción de menores vinculados a las pandillas. La próxima revisión del mandato de la GSF ante el Consejo de Seguridad de la ONU será la prueba de fuego para determinar si la comunidad internacional sostiene o reduce su compromiso con la estabilización del país.
