República Dominicana detuvo y entregó a Haití a tres presuntos proveedores de bandas haitianas en junio de 2025, pero las autoridades haitianas los pusieron en libertad pese a que el Panel de Expertos de la ONU describe las evidencias en su contra como contundentes, según el informe final S/2026/714 transmitido al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad el 24 de julio de 2026 y publicado el 8 de septiembre de 2026.
El episodio expone una brecha concreta en la cadena de persecución judicial: las autoridades dominicanas pudieron interceptar a los intermediarios antes de que completaran una compra destinada a una organización armada, pero el sistema judicial haitiano no tradujo esa detención en cargos penales efectivos. El caso también revela que el financiamiento de las pandillas puede apoyarse en cuentas dentro del sistema bancario formal dominicano, no solo en efectivo o transferencias informales.
Los tres detenidos y la compra del dron
Según el informe de la ONU, Étienne Roudley, Sony Pierre y Sténio Saint-Fleur fueron detenidos en República Dominicana en junio de 2025 por su presunta participación en la adquisición de armas, drones comerciales y otros artículos destinados a líderes de bandas haitianas. Las autoridades dominicanas los entregaron a sus homólogos haitianos el 7 de junio de 2025 en Dajabón, localidad fronteriza del norte del país.
Los investigadores de la ONU sostienen que los tres pretendían comprar en Santo Domingo un dron DJI Mavic 3 para Johnson André, alias Izo, jefe de la banda 5 Segond y figura vinculada a la alianza criminal Viv Ansanm. Los drones de esa categoría son equipos comerciales avanzados, utilizables para vigilancia, reconocimiento de terreno y coordinación de operaciones militares urbanas, lo que explica su relevancia para grupos armados activos en Puerto Príncipe.
«Pese a pruebas contundentes, las tres personas fueron liberadas por las autoridades haitianas», señala el Panel en el documento, según la versión recogida por medios que tuvieron acceso al informe.
Cuentas bancarias dominicanas y una red de más de 30 contactos
El caso va más allá del intento de compra del dron. Las investigaciones recogidas por el Panel indican que Roudley mantenía contactos regulares con Izo desde hacía unos dos años y se relacionaba con más de 30 miembros influyentes de Viv Ansanm para negociar compras en República Dominicana de ropa, calzado, drones y armas de fuego.
Además, según el documento de la ONU, Roudley habría utilizado cuentas bancarias dominicanas para recibir fondos destinados a esas adquisiciones. Ese detalle plantea preguntas sobre si el origen de esos fondos fue investigado por las autoridades dominicanas y si existen mecanismos de rastreo financiero activos para estas redes.
Izo, a quien apuntaban los suministros, está sujeto a sanciones de la ONU y de Estados Unidos. Viv Ansanm, la alianza a la que se asocia, agrupa organizaciones criminales que han ampliado su control territorial en Haití en medio de una crisis de seguridad que dejó más de 5,700 muertos o heridos en 2026, según cifras citadas por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
La frontera dominicana, un eslabón en el abastecimiento
El Panel identifica la frontera dominico-haitiana como un punto crítico en el flujo de armas y suministros hacia las bandas. Describe a Belladère, comuna haitiana cercana a esa frontera, como un paso especialmente vulnerable. Aunque las autoridades de ambos países no notificaron violaciones formales del embargo de armas durante el período cubierto, los expertos afirman que los grupos armados haitianos continúan adquiriendo material a través de redes transfronterizas que se proveen en territorio dominicano.
Entre octubre de 2022 y el 1 de julio de 2026, el Panel documentó 28 incautaciones de armas y municiones relacionadas con el flujo hacia Haití: ocho en buques en Miami, 16 en Haití y cuatro en República Dominicana. El total registrado incluye 69 pistolas, 67 fusiles semiautomáticos, un fusil calibre .50 y 80,944 cartuchos.
El informe también documenta un patrón de modernización del armamento de las bandas: han pasado de usar principalmente armas artesanales, revólveres y escopetas a emplear fusiles semiautomáticos de 5.56 × 45 mm y pistolas, complementados con armamento de 7.62 × 39 mm y, en menor medida, fusiles calibre .50. Las aplicaciones de mensajería cifrada cumplen un papel central en esa logística: el Panel reporta que en 2025 existía un grupo llamado «Mercado de armas», administrado desde un número registrado en Francia, que ofrecía pistolas y fusiles semiautomáticos y aseguraba hacer entregas a compradores con números registrados en Haití y República Dominicana.
El caso de Roudley, Pierre y Saint-Fleur deja sin respuesta al menos cuatro interrogantes: bajo qué condiciones jurídicas fueron entregados y qué cargos formales se les imputaron en Haití; por qué fueron liberados si el Panel considera que existían pruebas contundentes; si se investigó en República Dominicana el origen de los fondos recibidos en las cuentas bancarias atribuidas a Roudley; y si existen mecanismos de seguimiento bilateral para verificar el procesamiento judicial de personas entregadas en la frontera. Hasta la fecha de publicación del informe, ninguna respuesta oficial había sido divulgada públicamente.
