El gobierno de México defendió el martes los lineamientos preliminares de la nueva ley de radio y tv y negó que el reglamento en consulta represente un intento de censura, tras las críticas de grupos opositores que así lo denunciaron.
La ley de radio y televisión, aprobada en julio de 2025, no alcanza a medios escritos ni a publicaciones en internet y redes sociales. La semana pasada, la comisión de telecomunicaciones publicó un primer borrador para someterlo a consulta pública. Entre sus disposiciones, el texto exige la publicación de códigos de ética, la designación de un defensor de audiencias como mecanismo para evitar multas, y la separación clara entre espacios publicitarios y los espacios informativos, noticiosos y de opinión. El reglamento también abre cauces para el derecho de réplica.
La discusión importa porque el marco regulatorio de los medios de comunicación incide directamente en el entorno informativo que rodea a las decisiones de negocios, inversión y política pública en México, la segunda economía de América Latina y principal socio comercial de República Dominicana en la región.
«¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No«, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria, acompañada de su consejera jurídica. «No hemos censurado nunca a nadie ni lo vamos a censurar«, enfatizó la mandataria.
Los opositores al gobierno, en contraste, calificaron el borrador como un instrumento de control editorial, argumento que el Ejecutivo rechazó de forma directa.
El contexto político es relevante: el gobierno de izquierda de Sheinbaum, al igual que el de su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), mantiene una relación abiertamente confrontativa con los grandes medios de México, a los que acusa con frecuencia de publicar información falsa sobre la administración. El propio gobierno difunde espacios como el llamado «Detector de mentiras» para rebatir lo que califica como falsedades publicadas sobre el Ejecutivo. López Obrador instituyó además la tradición de la rueda de prensa diaria denominada «La mañanera», que Sheinbaum continuó y que concentra la agenda informativa oficial.
El proceso de consulta ciudadana sobre el reglamento incluye a especialistas y a los propios concesionarios de medios. El plazo para recibir aportaciones se extiende hasta el 21 de agosto de 2025, fecha tras la cual la versión final del documento será publicada en la gaceta oficial.
Lo que sigue es precisamente esa negociación entre regulador, concesionarios y sociedad civil durante las próximas semanas. La redacción definitiva del reglamento determinará si las salvaguardas contra la censura quedan explícitas en el texto o si los lineamientos sobre contenidos generan nuevas controversias antes de su entrada en vigor.
