Washington. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) emitió este sábado una serie de medidas que profundizan la tensión bilateral con México en el sector aéreo. La administración del presidente Donald Trump ha señalado que las autoridades mexicanas han incurrido en violaciones graves del Acuerdo Bilateral de Aviación de 2016, específicamente en torno a la reducción de slots de vuelo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México y la reubicación forzada de operaciones de carga hacia otras terminales.
Sean Duffy, secretario de Transporte, calificó la situación como un “desprecio flagrante de México hacia sus compromisos internacionales” y anunció que se requerirá que todas las aerolíneas mexicanas presenten sus horarios de vuelos a EE. UU. para aprobación previa, una medida que complica las operaciones aéreas y podría afectar los tiempos y costos logísticos.
Pero la acción más significativa es la propuesta de revocar la inmunidad antimonopolio de la alianza entre Delta Air Lines y Aeroméxico, una asociación clave que permite la coordinación de rutas, tarifas y capacidad entre ambas aerolíneas en el espacio aéreo norteamericano. Esta medida obligaría a ambas compañías a disolver su alianza antes del 25 de octubre de 2025, afectando los tránsitos de negocios, turismo y comercio entre los países.
El origen del conflicto remonta al año 2022, cuando México, alegando sobrecarga en su principal aeropuerto, redujo unilateralmente los horarios de despegue y aterrizaje de aerolíneas, afectando especialmente a las estadounidenses. Además, se ordenó a las aerolíneas de carga que migraran al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a 50 km del centro de la capital, lo cual implicó costos logísticos adicionales millonarios.
Desde el punto de vista empresarial, esta situación plantea riesgos elevados para aerolíneas, operadores logísticos, exportadores e inversionistas turísticos. La incertidumbre regulatoria y la tensión diplomática podrían impactar las decisiones de inversión, rutas de expansión y acuerdos de código compartido. Además, las barreras para vuelos chárter grandes entre ambos países pueden golpear de lleno a sectores como el turismo médico, el comercio electrónico transfronterizo y los eventos corporativos.
“El mercado ha sido alterado y los costos los están pagando nuestras empresas”, señaló Duffy, quien destacó que las acciones de México distorsionan la libre competencia, afectan a consumidores y ponen en desventaja a nuevos operadores.
Mientras tanto, la respuesta de las autoridades mexicanas ha sido cautelosa. Se espera que en los próximos días se emita una posición oficial desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La presión no solo proviene de las entidades federales estadounidenses, sino también del sector privado aéreo, que observa con preocupación una posible escalada de represalias recíprocas.
Este escenario también podría tener implicaciones geopolíticas más amplias. Las fricciones entre ambas naciones se han intensificado bajo la agenda de “Estados Unidos Primero” que impulsa Trump, afectando áreas que van desde el comercio agrícola hasta la inversión automotriz. Ahora, el conflicto aéreo se suma a esa lista.
La prioridad para ambas partes debería ser una renegociación diplomática técnica, que devuelva previsibilidad al sector, permita revisar los fundamentos de la saturación aeroportuaria en México, y resguarde la integridad del acuerdo bilateral de 2016, cuya esencia es el acceso abierto, recíproco y no discriminatorio al mercado aéreo regional.
