El gobierno de Cuba negó el lunes 12 de octubre cualquier relación con los 90 cargamentos de biodiésel interceptados por autoridades estadounidenses, valorados en casi US$3 millones, que Washington afirma iban destinados a una empresa estatal cubana sancionada.
El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró que La Habana no tenía contrato alguno con ENETEC S.A., la compañía señalada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. como consignataria final de los envíos. La negativa ocurre mientras Cuba atraviesa una crisis energética severa con apagones prolongados, lo que convierte cualquier carga de combustible en un asunto de alto valor estratégico para la isla.
Lo que afirmó EE.UU.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 7 de octubre la incautación de 90 envíos de biodiésel valorados en más de US$2.8 millones, que según las autoridades formaban parte de un esquema para evadir sanciones y exportar ilegalmente combustible a Cuba. Los documentos de exportación identificaban a ENETEC S.A., una empresa cubana dedicada al comercio mayorista de combustibles y lubricantes, como destinataria final.
La operación se concentró en dos puertos: en Port Everglades, Florida, se incautaron 71 tanques con cerca de 500,000 galones; en Houston, Texas, otros 19 envíos con alrededor de 120,000 galones. En total, más de 620,000 galones en los 90 cargamentos. ENETEC S.A. fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) el 13 de julio de 2026.
La respuesta cubana
El ministro De la O Levy fue categórico. «Podemos asegurarles que no existía ningún contrato de ningún tipo con ENETEC S.A.», declaró a Reuters. Añadió que ninguna empresa estatal cubana había logrado obtener un contrato de combustible, ni para cantidades pequeñas ni grandes.
La respuesta no se limitó a desmentir el vínculo. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó las incautaciones de «piratería» y denunció que EE.UU. hostiga e intercepta buques en aguas internacionales que transportan combustible a la isla.
La paradoja del comercio bilateral
El caso ocurre en un contexto que desafía la lógica simple del bloqueo: mientras Washington incauta combustible que afirma iba a una entidad estatal sancionada, EE.UU. es también uno de los principales proveedores comerciales de Cuba. En agosto, empresas estadounidenses vendieron US$74.8 millones en combustible a compañías privadas cubanas, y las exportaciones totales de EE.UU. a Cuba ese mes alcanzaron un récord de US$202.5 millones, un 36% más que en julio. Entre enero y agosto, Cuba importó mercancías estadounidenses por más de US$875 millones, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU.
La distinción que traza Washington es quién recibe el producto: permite ventas al sector privado cubano, pero persigue los envíos destinados a entidades estatales sancionadas. Para el gobierno cubano, esa diferenciación equivale a asfixiar el acceso estatal a la energía en medio de una emergencia.
¿Qué está en juego?
El biodiésel incautado era combustible mezclado con destilados medios, un producto que puede utilizarse en motores diésel y en generación eléctrica. En una isla con apagones prolongados y escasez de diésel que presiona el transporte, la agricultura, los hospitales y la generación eléctrica, su valor estratégico supera con creces su precio comercial.
La afirmación de EE.UU. descansa en los documentos de exportación que señalaban a ENETEC como consignataria. La versión cubana es que no existía contrato ni conocimiento gubernamental de esos envíos. Ambas posiciones podrían, en teoría, coexistir si intermediarios privados usaron el nombre de la entidad sancionada, o si la propiedad real de la carga estaba estructurada de forma distinta, pero hasta ahora no hay evidencia pública que permita cerrar la discusión.
El próximo paso lo marcarán los exportadores involucrados y los resultados de cualquier proceso judicial en EE.UU.: si los registros de propiedad y los contratos reales confirman o desmienten lo que los documentos de exportación señalaban, ese material será determinante para saber si se trató de una violación deliberada de sanciones o de un caso de uso indebido del nombre de una empresa sancionada por terceros.
