Capital One cerró más de 300 cuentas bancarias del presidente Donald Trump en 2021 tras detectar actividad financiera con características de lavado de dinero, reveló la entidad en un escrito judicial presentado el viernes ante un tribunal federal.
El documento es central para entender el conflicto entre el banco y las finanzas personales y empresariales del actual presidente de Estados Unidos. El caso importa más allá de sus protagonistas porque ilustra cómo los bancos gestionan el riesgo reputacional y regulatorio frente a figuras de alto perfil político, un debate que hoy atraviesa la industria financiera global y que tiene ecos directos en la regulación bancaria latinoamericana.
Capital One cerró las cuentas de Trump después de «meses de análisis y de una revisión cuidadosa por parte del equipo AML de Capital One, de conformidad con las políticas del banco y las directrices regulatorias», indicó la entidad en el escrito. El término AML (por sus siglas en inglés, Anti-Money Laundering) se refiere a los sistemas y equipos especializados que los bancos mantienen para detectar y reportar posibles operaciones de lavado de dinero a los reguladores.
Las más de 300 cuentas correspondían a una variedad de negocios con la marca Trump, que iban desde un campo de golf hasta una bodega. El presidente había operado con Capital One durante más de una década antes del cierre. Según el banco, la decisión nunca se hizo pública y se le concedió a Trump varios meses, con prórrogas incluidas, para encontrar servicios bancarios alternativos, lo que finalmente ocurrió.
El escrito judicial está vinculado a una demanda presentada por una de las sociedades holding financieras de Trump poco después de que el presidente juramentó por segunda vez. Trump alega que Capital One cerró ilegalmente sus cuentas por motivaciones políticas, tras los ataques del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. Capital One solicita que la demanda sea desestimada y sostiene que las nuevas acusaciones carecen de fundamento, apoyándose en «citas seleccionadas de manera interesada». El banco afirma que no tenía ningún motivo para realizar un gesto político con el cierre de las cuentas.
El equipo legal de Trump rechazó los argumentos del banco el lunes, aunque sin responder a las conclusiones internas del análisis AML. «Capital One, junto con otros grandes bancos, le cerró el acceso a servicios bancarios al presidente Trump, a su familia y a sus empresas por razones descaradamente políticas», declaró un portavoz del equipo legal. «La contundente demanda del presidente Trump hace que Capital One rinda cuentas por su conducta vergonzosa», añadió.
Trump también ha demandado a JPMorgan Chase por supuestamente haberle cerrado el acceso a servicios bancarios al dejar el cargo en 2021, en lo que se conoce como debanking, que ocurre cuando los bancos cierran cuentas porque consideran que el cliente representa un riesgo financiero, legal o reputacional. Esa demanda busca una indemnización de US$5,000 millones. JPMorgan, por su parte, ha señalado que no cierra cuentas por motivos políticos, pero sí lo hace «con o sin causa» cuando detecta «riesgo legal o regulatorio».
El debate sobre el debanking no es nuevo en Estados Unidos. Los conservadores llevan años denunciando que los grandes bancos les cierran el acceso a servicios financieros a ellos y a sus aliados. Las acusaciones se intensificaron tras la llamada Operación Choke Point, una iniciativa de la administración Obama en la que reguladores presionaron a los bancos para que cortaran servicios a sectores como la industria de armas de fuego, el tabaco y los prestamistas abusivos. La industria de las criptomonedas también alegó ser víctima de cierres durante la administración Biden.
En respuesta, Trump firmó en agosto de 2025 una orden ejecutiva titulada «Garantizar una banca justa para todos los estadounidenses», que ordena a los reguladores federales detener las inspecciones a los bancos sobre con quiénes hacen negocios. Su administración también ha citado a declarar registros de los mayores bancos como parte de una investigación sobre presuntos cierres de cuentas.
El próximo paso en el caso será la decisión del tribunal sobre si desestima la demanda, tal como solicita Capital One. El resultado podría sentar un precedente sobre hasta qué punto los bancos pueden ser responsabilizados legalmente por aplicar sus propias políticas AML, en un momento en que la administración Trump presiona activamente a la industria financiera para cambiar sus prácticas de gestión de riesgos con clientes de alto perfil político.
