El gobierno dominicano trabaja en una reforma a la Ley de Hidrocarburos que permitirá focalizar los subsidios a los combustibles hacia los hogares de menores ingresos y modernizar el esquema de precios, según anunció el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, en entrevista publicada este 19 de octubre.
El proyecto, elaborado junto al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, pretende eliminar la fijación semanal de precios, introducir compras a futuro, mejorar la transparencia del proceso y concentrar el apoyo en quienes más lo necesitan. Con los subsidios a los combustibles proyectados en cerca de RD$50,000 millones para el cierre de 2026, una cifra que quintuplica los RD$8,000 millones presupuestados originalmente, el Estado dominicano enfrenta una presión fiscal sin precedentes recientes en este rubro.
El costo de los subsidios y el Plan Anticrisis
El salto en el gasto en subsidios responde a la crisis mundial del petróleo crudo, agravada por la guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Medio. Para contener el impacto, el gobierno promulgó la Ley 20-2026, conocida como Plan Anticrisis, que busca recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales para enfrentar las presiones económicas globales, proteger el poder adquisitivo de los hogares y sostener la inversión pública y los programas sociales.
«Para eso fue que el gobierno aprobó el plan anticrisis para tratar de generar algunos recursos frescos que pudieran paliar, y eso es lo que ha generado que la República Dominicana pueda mantener su estabilidad macroeconómica y pueda generar que el déficit cuasi fiscal no se haya disparado como si se hubiera disparado si estos 150,000 millones de pesos los hubiéramos tenido simplemente que pagar sin el plan anticrisis», afirmó Sanz Lovatón. Sin ese mecanismo de contención, el ministro estimó que carburantes esenciales como el gasoil habrían registrado alzas superiores a los RD$100 por galón.
Protección a los sectores de menores ingresos
En materia de política de precios, Sanz Lovatón explicó que el gobierno ha procurado no intervenir el gas licuado de petróleo (GLP), el combustible de mayor uso en los hogares de bajos ingresos, y ha reducido al mínimo los ajustes al gasoil regular y las gasolinas de menor octanaje. Los incrementos más recientes se han concentrado en el gasoil óptimo y la gasolina premium, productos consumidos principalmente por sectores de mayor capacidad adquisitiva.
A esto se suman subsidios adicionales a los transportistas, con un incremento de casi RD$1,000 millones, además de apoyos al déficit de la factura eléctrica y ayudas específicas para pan y harina. Los sectores de régimen especial, como las zonas francas, operan bajo su normativa habitual.
La reforma y el suministro de diésel
El proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos busca también aclarar un aspecto técnico que el ministro considera poco comprendido: la República Dominicana compra en su gran mayoría combustible ya refinado, no petróleo crudo sin refinar. «Queremos hacer aún más transparente todo el proceso de hidrocarburo, que se explique mejor el tema de que no compramos combustible sin refinar, sino que compramos la gran mayoría de lo que compramos es combustible ya refinado», indicó Sanz Lovatón. Los cambios, según adelantó, también terminarían mejorando el parque vehicular del país.
En cuanto al suministro, el funcionario restó urgencia a las restricciones temporales de exportación de diésel impuestas por Estados Unidos. Según Sanz Lovatón, los contratos a largo plazo, las relaciones consolidadas con proveedores globales y la fortaleza de la economía dominicana protegen al país de un escenario de desabastecimiento en el corto plazo. El avance de la propuesta legislativa de reforma y la evolución de los precios internacionales del crudo serán los indicadores clave a monitorear en los próximos meses.
