DIARIO FINANCIERO.- La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) afirmó que la modernización del marco regulatorio de la actividad minera nacional representa la vía idónea para garantizar una custodia rigurosa de los recursos naturales del país. La entidad gremial sostiene que una legislación actualizada constituiría el instrumento más eficaz con que contaría el Estado dominicano para equilibrar el aprovechamiento de la riqueza mineral con la protección del entorno ecológico.
El argumento central de Camipe gira en torno a la obsolescencia de la Ley 146-71, norma que data de hace más de cinco décadas y que, según el sector, ha agotado su ciclo de vigencia efectiva. La legislación vigente resulta insuficiente para responder a los actuales desafíos climáticos y, de manera significativa, a las garantías ambientales y de derechos establecidas en la Constitución de 2010, cuyas disposiciones elevaron la protección del medioambiente a rango constitucional en la República Dominicana.
En el corazón de la propuesta técnica de Camipe figura el reconocimiento legal de las «No-Go Zones», denominadas también zonas de exclusión, espacios geográficos en los que la preservación de la biodiversidad y del agua constituiría la única prioridad del Estado. Bajo este esquema, sería el propio Estado quien, apoyado en estudios hidrogeológicos y criterios científicos rigurosos, determinaría con precisión los territorios donde la actividad minera resulta inviable o inadmisible desde una perspectiva ambiental.
«Saber dónde no operar es tan importante como saber dónde sí», declaró Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe. El ejecutivo subrayó que el nuevo texto legal debe dotar al Estado de las facultades jurídicas necesarias para prohibir la actividad extractiva allí donde la ciencia lo indique, integrando de forma orgánica las disposiciones de la Ley 64-00 de Medio Ambiente con el objetivo de brindar certeza y paz ambiental a las comunidades que conviven con proyectos mineros.
Otro pilar de la iniciativa es la obligatoriedad financiera de la remediación ambiental desde el primer día de operaciones. La propuesta exige que las empresas constituyan garantías económicas ejecutables desde el inicio de cualquier proyecto, de modo que el Estado cuente con respaldo real para restaurar los ecosistemas afectados, sin depender de compromisos tardíos o de la solvencia futura de los operadores. Este mecanismo busca eliminar el riesgo de que los costos de restauración recaigan sobre el erario público o sobre las comunidades.
El presidente de Camipe, Pedro Esteva, enmarcó la posición gremial en términos de responsabilidad sectorial: «La minería responsable que en Camipe representamos es la primera interesada en reglas claras y estrictas. República Dominicana merece una legislación que no sólo vea el potencial mineral, sino que proteja el agua y el bosque a través del rigor científico». Las declaraciones de Esteva refuerzan la narrativa de que la reforma legal no contrapone desarrollo económico y sostenibilidad, sino que los articula bajo un mismo marco normativo.
El debate sobre la actualización de la legislación minera dominicana llega en un contexto de creciente presión social y regional por una gobernanza más transparente del sector extractivo. La integración de las zonas de exclusión, la remediación ambiental obligatoria desde el inicio y la articulación con la Ley 64-00 de Medio Ambiente configuran un paquete de reformas que, de aprobarse, reposicionaría a República Dominicana entre los países con marcos regulatorios mineros más exigentes del Caribe y Centroamérica. El proceso legislativo, no obstante, deberá superar el escrutinio de operadores, comunidades y organismos ambientales antes de convertirse en ley vigente. Fuente: Hoy
