El presidente Luis Abinader anunció el viernes 9 de octubre que el Gobierno dominicano evalúa avanzar hacia un marco normativo para institucionalizar la dirección y gestión estratégica de los proyectos del Estado, con principios y estándares comunes que refuercen la planificación, el seguimiento y la transparencia en la administración pública.
El mandatario realizó el anuncio durante la apertura del XVI Congreso Internacional del Project Management Institute (PMI), capítulo República Dominicana, celebrado en Punta Cana bajo el nombre Sinergia 360. La iniciativa busca que las instituciones públicas desarrollen capacidades permanentes en gestión de proyectos, lo que incidiría directamente en la ejecución del gasto del Estado y en la entrega oportuna de obras e inversiones que afectan a empresas y ciudadanos.
Posible legislación y fortalecimiento institucional
Abinader explicó que, como parte del proceso de evaluación, el Gobierno también explora mecanismos para fortalecer las Oficinas de Dirección de Proyectos dentro de la Administración Pública. Señaló que, de considerarse necesario, ese esfuerzo podría derivar en una iniciativa legislativa que otorgue a esta política pública un carácter permanente y transversal.
El presidente subrayó que la responsabilidad del Gobierno no concluye con el anuncio de una obra o la aprobación de un programa, sino que implica acompañar su ejecución, corregir deficiencias y verificar que los resultados respondan a las necesidades que motivaron el proyecto.
Retrasos en obras y gestión del dinero público
Abinader advirtió sobre las consecuencias que generan los retrasos en obras y programas públicos, y destacó que las metodologías de dirección de proyectos permiten reducir errores, anticipar riesgos y administrar con mayor eficiencia los recursos del Estado. «El dinero público representa el esfuerzo de millones de dominicanos. Gestionarlo bien es una obligación con cada uno de ellos», señaló.
El mandatario planteó que la planificación y la gestión adecuada de los proyectos son fundamentales para impulsar las transformaciones que el país requiere, insistiendo en que una ejecución deficiente no es un problema técnico menor, sino un costo directo para los dominicanos que financian esas obras con sus impuestos.
El siguiente paso que observarán los actores del sector público y privado es si el Gobierno formaliza esa evaluación en una propuesta concreta ante el Congreso Nacional, y en qué plazo las Oficinas de Dirección de Proyectos recibirán los recursos y atribuciones necesarios para operar bajo los estándares anunciados.
