Alejandro Betancourt, magnate venezolano con un historial de investigaciones por presunta corrupción en tres países, se ha convertido en una pieza central de la estrategia de Washington para cerrar acuerdos petroleros en Venezuela, impulsando una meta de inversión estadounidense de US$100,000 millones en el país caribeño, según un reporte de Bloomberg basado en entrevistas con socios comerciales, funcionarios y asesores del empresario que pidieron el anonimato.
El papel de Betancourt adquiere relevancia en un momento en que las grandes petroleras internacionales han mostrado reticencia a invertir en Venezuela. Su incorporación como facilitador refleja los límites de la influencia directa de Washington: más de siete meses después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, respaldara a su sucesora y declarara a Venezuela abierta a los negocios, los grandes acuerdos petroleros siguen sin materializarse, frenados por negociaciones difíciles con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y las restricciones vigentes de las sanciones.
El rol del magnate en la estrategia de Trump
De acuerdo con personas familiarizadas con su trabajo, Betancourt ayuda al gobierno de Estados Unidos a identificar activos energéticos prometedores, evaluar obstáculos operativos y establecer contactos dentro de la industria petrolera venezolana. Su función apunta específicamente a atraer a petroleras independientes estadounidenses de menor tamaño, ante la ausencia de las grandes compañías del sector.
En los últimos meses se han alcanzado varios acuerdos preliminares con empresas como Lionheart Capital y Pacific Coast Energy (PCEC), según Bloomberg. El presidente Donald Trump ha llegado a describir a Venezuela como «el estado número 51» de Estados Unidos, lo que subraya el peso geopolítico que Washington le asigna a la recuperación energética del país.
Su empresa y la transacción con Sargeant
Betancourt controla North American Blue Energy Partners (NABEP), que extrae alrededor de 200 barriles de crudo diarios de campos ubicados en torno al lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco, según una persona familiarizada con la operación. Ese volumen convierte a NABEP en el segundo mayor productor del sector privado de Venezuela, únicamente detrás de Chevron.
La semana pasada, una parte vinculada a Betancourt acordó comprar la participación minoritaria de Harry Sargeant III en NABEP. Sargeant, un magnate petrolero de Florida, había sido criticado por figuras de la oposición venezolana y aliados de Estados Unidos por presuntamente haber apuntalado al gobierno de Maduro. Poco después de firmarse el acuerdo, el Departamento del Tesoro notificó al abogado de Sargeant que había bloqueado los activos de su sociedad holding extraterritorial. No fue posible contactar a Sargeant a través de su sociedad holding Global Oil Management Group para solicitar comentarios.
Investigaciones y acceso al poder
La influencia de Betancourt se produce en un contexto de poca transparencia: sin licitaciones competitivas para los contratos petroleros, el avance de los acuerdos queda fuera del escrutinio público, lo que le otorga al empresario una enorme capacidad de maniobra en los círculos de la industria, según las personas consultadas por Bloomberg.
Betancourt acumula años de investigaciones en Europa, Estados Unidos y Venezuela por presunta corrupción, lavado de dinero y fraude fiscal. El empresario ha negado haber cometido irregularidades y no ha sido acusado formalmente de ningún delito. Hasta hace poco, evitaba pisar territorio estadounidense por su preocupación ante la investigación en ese país.
Hoy, sin embargo, el magnate viaja con frecuencia desde su residencia en Londres a Venezuela y mantiene reuniones regulares con altos funcionarios, entre ellos la presidenta interina respaldada por Estados Unidos, Delcy Rodríguez, y su asesor de política exterior, Félix Plasencia. También organizó una cena para una delegación del Congreso estadounidense, según personas con conocimiento de esos encuentros. Betancourt declinó hacer comentarios a Bloomberg.
La evolución del rol de Betancourt y el avance —o estancamiento— de los acuerdos preliminares con Lionheart Capital y PCEC serán señales clave de si Washington logra traducir su influencia política en Venezuela en inversión energética concreta, y de cómo el Departamento del Tesoro administra las sanciones en ese proceso.
