La propuesta de reforma fiscal presentada por el Gobierno dominicano ha generado reacciones diversas en el ámbito político y económico del país. Con la intención de incrementar la recaudación fiscal en RD$122,486.6 millones, el proyecto plantea la eliminación de exenciones, el aumento de ciertos impuestos y una fiscalización más estricta para combatir la evasión. La aplicación de estas medidas, prevista para el 1 de enero de 2025, ha encontrado respaldo en algunos sectores y una fuerte oposición en otros.
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El economista Haivanjoe Ng Cortiñas advirtió que la reforma podría tener consecuencias “brutales” para la clase media, los consumidores y los trabajadores. Según Ng Cortiñas, la implementación de los nuevos impuestos resultaría en un aumento de la inflación y un incremento en los precios de productos y servicios, afectando de manera directa el poder adquisitivo de la población. Además, subrayó que esta reforma podría vulnerar la privacidad de los ciudadanos a través de auditorías y controles más estrictos.
Por su parte, el economista Jaime Aristy Escuder destacó el carácter progresivo de la reforma. En su análisis, señaló que la eliminación de exenciones fiscales podría contribuir a una mayor equidad en la distribución de la carga tributaria. “Esto mejora el nivel de equidad en la distribución de la carga impositiva, ya que paga más quien más tiene”, enfatizó Escuder. Además, afirmó que la reforma podría aumentar la recaudación, estimando que se lograría recaudar un 1.5 % del PIB, equivalente a 122 mil millones de pesos.
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Sin embargo, Escuder también resaltó la necesidad de que el gobierno mejore la calidad del gasto público y lleve a cabo un análisis detallado de costo-beneficio, asegurando que los recortes y ajustes sean justificados. Además, mencionó que el impuesto sobre inmuebles podría aumentar la recaudación si se mejora la valoración de los bienes de alto valor, un punto que consideró clave para el éxito de la política fiscal.
Reacciones del Sector Empresarial y de la Industria Cinematográfica
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó que está en un proceso de análisis detallado de la reforma. Si bien han señalado un posible “sesgo anti-industria” en las medidas planteadas, la AIRD espera la redacción final del proyecto antes de emitir un juicio definitivo. Este enfoque cauteloso refleja la preocupación por el impacto que las nuevas disposiciones fiscales podrían tener sobre la competitividad de la industria nacional.
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En una postura similar, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió un análisis preciso de las medidas propuestas, subrayando la importancia de mantener la estabilidad económica del país. El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, insistió en que cada medida debe ser evaluada por su impacto en la economía, haciendo énfasis en la transparencia en el gasto público como un factor clave para el éxito de la reforma.
Por otro lado, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) mostró preocupación por la intención de gravar con impuesto sobre la renta a las operaciones de las zonas francas. Adozona considera que esta medida podría afectar negativamente a un sector que ha sido fundamental para la generación de empleos y la atracción de inversiones.
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En cuanto a la industria cinematográfica, la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (Adocine) rechazó la eliminación de los incentivos establecidos en la Ley de Cine (108-10). Según Adocine, la derogación de estos incentivos podría llevar a la pérdida de más de 25,000 empleos y la quiebra de 375 empresas del sector, además de afectar a 1,200 estudiantes que se preparan en el área. La asociación lamentó que no se les haya consultado en el proceso y alertó sobre las consecuencias negativas para una industria en crecimiento.
El desafío del Gobierno: Conciliar intereses y asegurar la aplicación de la reforma
El Gobierno, liderado por el ministro de Hacienda, José (Jochi) Vicente, ha depositado el proyecto de reforma fiscal ante el Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados. La meta es que las nuevas disposiciones entren en vigor a partir del 1 de enero de 2025, si se logra la aprobación del Congreso a tiempo. Sin embargo, los desafíos son múltiples, desde la necesidad de conciliar las preocupaciones de diversos sectores hasta garantizar que la reforma no afecte negativamente la estabilidad económica del país.
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La implementación de la reforma dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para negociar con los diferentes actores sociales y económicos, que han expresado tanto su apoyo como su preocupación ante los posibles efectos de las nuevas medidas. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) han insistido en la importancia de un diálogo abierto y de la consideración de los efectos a largo plazo de las decisiones fiscales.
A medida que avanza el debate en el Congreso, el resultado de la reforma fiscal marcará un hito en la política económica de la República Dominicana, con implicaciones significativas para la población y para los sectores productivos del país.
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