El Gobierno dominicano está preparando una reforma fiscal con la que espera recaudar entre RD$110,000 millones y RD$115,000 millones, equivalente al 1.5% y 1.7% del PIB. El proyecto, que será presentado antes de finalizar el año para implementarse en 2025, busca aliviar las finanzas públicas, reducir la deuda y aumentar la inversión en infraestructura y protección social.
Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir la rigidez presupuestaria, congelando o disminuyendo el gasto público. Además, se planea fusionar o eliminar instituciones públicas para hacer más eficiente la estructura estatal. Un sector que se verá afectado será el de los fideicomisos privados, que junto con otros incentivos fiscales, exoneraciones y exenciones, serán revisados y en algunos casos eliminados.
Entre las exenciones a reducir se encuentran las incluidas en la Ley de Cine, los incentivos a espectáculos artísticos y culturales, así como el tope de US$200 en las compras por internet. Además, se ampliará la base del ITBIS, eliminando exenciones generalizadas con un enfoque en proteger a los sectores más vulnerables. Se eliminará el anticipo a las mipymes y se establecerá un tributo para las microempresas.
Foco en la inversión y recapitalización del Banco Central
El proyecto de reforma fiscal se enmarca en un contexto donde el gasto público en República Dominicana se sitúa en el 19.3% del PIB, uno de los más bajos de la región, superado solo por Haití, Guatemala y Venezuela. La reforma busca acercar este gasto al promedio regional del 27.8%, tal como recomiendan los organismos internacionales.
El Gobierno planea aumentar las inversiones en infraestructuras y las transferencias al Banco Central, llevándolas de un 0.6% a un 1% del PIB. Con esta “reingeniería” fiscal, se aspira a alcanzar un 2% del PIB de manera gradual, basándose en cuatro ejes fundamentales: protección social, inversión pública, reglas tributarias claras y persecución de la evasión fiscal, así como la modernización del sistema tributario.
Recaudación y reducción de la evasión fiscal
Uno de los mayores desafíos de la reforma será aumentar la eficiencia en la recaudación fiscal, ya que la evasión del ITBIS es del 47% del PIB y más del 50% en el Impuesto Sobre la Renta. La nueva reforma buscará atacar estas distorsiones, con especial énfasis en reducir el fraude fiscal, ampliar la base impositiva y disminuir la informalidad.
Según el economista Magín Díaz, esta será una de las reformas fiscales más ambiciosas en la historia reciente del país, con una meta de recaudar RD$200,000 millones. Díaz también mencionó que la falta de consenso en la sociedad será uno de los mayores retos que enfrentará el Gobierno al intentar implementar estas medidas.
Implicaciones para sectores productivos y el sector turístico
La reforma afectará tanto a los sectores productivos como al hogar, y contempla eliminar incentivos a empresas comerciales y turísticas que ya han cumplido su objetivo y que generan importantes ganancias. Sin embargo, se mantendrán los incentivos para nuevas empresas turísticas que operen en el desarrollo del Polo IV de Enriquillo, que abarca las provincias de Pedernales, Bahoruco y Barahona.
Desafíos a largo plazo: deuda y sostenibilidad
Actualmente, la deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF) es del 45% del PIB, habiendo disminuido desde el 56.6% en 2020. No obstante, los intereses de la deuda siguen representando un 21.8% de los ingresos del Gobierno, una cifra que se ha triplicado en los últimos 16 años. Con la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Gobierno espera limitar el crecimiento de la deuda y asegurar un manejo más disciplinado y predecible de las finanzas públicas.
Perspectivas
La reforma fiscal que se plantea es un paso crucial para mejorar la sostenibilidad económica del país. Con la reducción del gasto público, la eliminación de exenciones fiscales y la ampliación de la base impositiva, el Gobierno busca no solo mejorar la recaudación, sino también reducir la informalidad y garantizar un sistema tributario más justo y eficiente. El desafío será lograr el consenso necesario para implementar estos cambios sin afectar el crecimiento económico ni la confianza en el mercado.
