Washington, D.C. – El presidente Donald Trump firmó el pasado 4 de julio una de las reformas más amplias de las últimas décadas en materia de préstamos estudiantiles y acceso a vivienda asequible. La legislación, denominada “Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, redefine profundamente cómo los estadounidenses financiarán su educación superior y adquirirán vivienda, con una implementación que comenzará el 1 de julio de 2026.
La reforma de préstamos estudiantiles y vivienda elimina todos los planes de pago basados en ingresos existentes, incluyendo el plan SAVE de la administración Biden, que actualmente beneficia a más de 8 millones de prestatarios. En su lugar, a partir de 2026, los nuevos prestatarios contarán solo con dos alternativas: un plan de pago estándar con plazos de 10 a 25 años o un nuevo Plan de Asistencia de Pago, que ajustará las cuotas mensuales entre el 1% y el 10% del ingreso, con condonación tras 30 años.
Aunque quienes actualmente están inscritos en planes distintos a SAVE podrán conservar sus condiciones, los beneficiarios del plan SAVE deberán migrar a los nuevos esquemas antes de julio de 2028. Adicionalmente, el Departamento de Educación informó que los intereses comenzarán a acumularse nuevamente sobre los préstamos SAVE a partir de agosto.
La ley establece límites de endeudamiento que también cambiarán el panorama para millones: $65,000 por hijo para padres, $100,000 para estudiantes de posgrado y $200,000 para estudiantes de programas profesionales. Asimismo, se elimina el programa Graduate PLUS, que anteriormente permitía endeudamiento ilimitado para estudios avanzados.
Para la vivienda, la reforma de préstamos estudiantiles y vivienda aumenta permanentemente en un 12% las asignaciones del Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos, una medida que, según expertos del sector, podría facilitar la construcción de más de 1.22 millones de unidades de alquiler asequible en la próxima década.
El proyecto también hace permanentes las Zonas de Oportunidad, con un enfoque renovado en comunidades desatendidas y rurales, e incluye la restauración de las deducciones fiscales por seguro hipotecario, que promediaron $2,364 por contribuyente calificado en 2021.
Las reacciones han sido mixtas. La secretaria de Educación, Linda McMahon, destacó que esta ley “simplifica un sistema de pago estudiantil excesivamente complejo” y busca “frenar el alza de los costos universitarios”. Sin embargo, Aissa Canchola Bañez, del Student Borrower Protection Center, advirtió que representa “un ataque peligroso contra estudiantes y familias trabajadoras”.
Por su parte, David Dworkin, presidente de la National Housing Conference, calificó la reforma como “la inversión más significativa en construcción de viviendas asequibles en una generación”.
La reforma de préstamos estudiantiles y vivienda impulsada por Trump redefine los mecanismos tradicionales de financiamiento y pone el foco en eficiencia fiscal, sostenibilidad social e impulso al desarrollo económico en sectores clave.
