El pago de intereses de la deuda pública dominicana alcanzará RD$396,000 millones en el presupuesto de 2027, una cifra que supera en RD$30,000 millones la partida destinada a educación, fijada en RD$366,000 millones según el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para ese año.
La magnitud del gasto en intereses de la deuda pública revela hasta qué punto el servicio financiero del Estado compite con las prioridades sociales por los recursos del presupuesto nacional. Si ese rubro fuera una institución de gobierno, sería la de mayor asignación presupuestaria del país, por encima incluso del ministerio que gestiona el mandato constitucional del 4% del PIB para educación.
Una carga que crece sin pausa
El monto de RD$396,000 millones incluye las transferencias al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) destinadas a su recapitalización por el llamado déficit cuasifiscal, es decir, las pérdidas acumuladas que el banco central registra como resultado de operaciones de estabilización monetaria y del costo heredado del rescate bancario de la crisis de 2003.
El crecimiento del gasto en intereses responde, en esencia, al nivel acumulado de la deuda pública. A diferencia de otras partidas del presupuesto, los gobiernos no controlan directamente las tasas a las que colocan sus bonos en los mercados, ya que esas tasas las fija el mercado en función del riesgo percibido y del entorno financiero internacional. Lo que sí está dentro del margen de acción del gobierno es el gasto primario, es decir, el gasto total excluidos los intereses.
Regla fiscal y espacio presupuestario
La presión del servicio de la deuda limita el margen del Estado para invertir en sectores productivos y sociales sin incurrir en déficit adicional. Cada peso destinado al pago de intereses es un peso que no puede asignarse a infraestructura, salud o reducción de impuestos, lo que plantea un dilema estructural para la política fiscal dominicana.
La única vía sostenible para reducir el gasto en intereses es reducir el saldo de la deuda pública, algo que requiere superávits fiscales primarios sostenidos durante varios años. En ausencia de una regla fiscal que discipline el crecimiento del gasto y del endeudamiento, la factura de intereses tenderá a crecer junto con el propio stock de deuda.
El siguiente marcador que seguirán los analistas es la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027 en el Congreso Nacional y si el gobierno incorpora algún mecanismo de consolidación fiscal que frene la trayectoria ascendente de esta partida.
