La Dirección General de Aduanas (DGA) fiscalizó 181 comercios de origen chino entre agosto de 2020 y abril de 2025, proceso que derivó en reliquidaciones de impuestos por más de RD$3,360 millones y procedimientos sancionadores por más de RD$5,799 millones, con la subvaluación de mercancías como hallazgo principal.
Las cifras ilustran la magnitud del problema de cumplimiento aduanero en un sector cuya expansión ha generado tensión con el comercio tradicional dominicano. Cuando una empresa declara un valor de importación menor al real, paga menos arancel e impuestos, lo que reduce artificialmente su costo y le permite fijar precios que los competidores formales no pueden igualar sin sacrificar margen.
Cómo opera la ventaja de precio
La ventaja competitiva de las tiendas chinas no se explica por un solo mecanismo. La integración vertical (importación, almacenamiento y venta bajo una misma estructura), las compras en volumen y el acceso directo a fábricas chinas reducen intermediarios y costos unitarios. Los empresarios chinos han atribuido públicamente su competitividad a esa escala y a ese acceso directo a mercancías.
A esas ventajas estructurales se suman, según lo documentado por la DGA, prácticas como la doble facturación, la alteración de valores declarados y el uso indebido de partidas arancelarias. Cuando los precios bajos provienen de costos públicos evadidos (aranceles, impuestos, seguridad social) el beneficio se traslada implícitamente al Estado, a los trabajadores y a los competidores que sí cumplen.
La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) estima que existen más de 1,000 tiendas chinas en el país con ventas conjuntas superiores a RD$1,000 millones diarios, aunque esas cifras son estimaciones gremiales, no un censo oficial. La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) reportó además que las operaciones declaradas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ajustadas por inflación, cayeron 0.75% entre enero y julio de 2026 frente al mismo período de 2025, dato que sugiere debilidad del sector comercial, aunque no prueba que la causa exclusiva sea la competencia de establecimientos de capital chino.
Gremios, gobierno y el debate más amplio
Los gremios empresariales identifican tres presiones principales sobre el comercio local: precios difíciles de igualar en bienes de consumo masivo y ferretería, menor capacidad de compra y financiamiento de los comercios dominicanos frente a inventarios más amplios, y el cierre o debilitamiento de negocios tradicionales. La FDC y organizaciones de micro, pequeña y mediana empresa han formalizado esas denuncias ante las autoridades.
No todo el análisis apunta en una sola dirección. Algunos actores reconocen que la inversión china ha dinamizado zonas comerciales deprimidas y ampliado el acceso de consumidores a productos de bajo precio. Rosa Ng Báez, dirigente vinculada a la comunidad china, ha señalado que parte del debate puede derivar en xenofobia, y el Centro Dominicano de Estudios sobre China ha pedido que los operativos y cierres se analicen desde una perspectiva económica y social, no solo punitiva.
Desde la política pública, los análisis disponibles recomiendan crear un censo público de establecimientos con datos de importaciones, ventas declaradas y cumplimiento tributario; fortalecer la fiscalización aduanera basada en riesgo; y mejorar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, cuya principal desventaja estructural es el crédito caro y la baja capacidad de compra frente a competidores con acceso a financiamiento más barato.
Todavía no existe un informe oficial que compare importaciones, ventas y tributación de todo el sector de manera coordinada, lo que impide cuantificar con precisión el daño fiscal agregado ni afirmar que la totalidad de los establecimientos de capital chino opera irregularmente. La evolución de las fiscalizaciones de la DGA y cualquier acción coordinada con la DGII serán los indicadores a seguir para medir si el Estado logra nivelar las condiciones de competencia.
