En su más reciente columna en Diario Financiero, el economista y especialista en temas tributarios Carlos Martínez ha emitido una opinión contundente a la recién propuesta Ley de Modernización Fiscal del gobierno. Según Martínez, lejos de modernizar el sistema tributario, esta ley representa un duro golpe para la clase media, afectando su capacidad económica y acceso a servicios esenciales.
Martínez señala que, aunque la reforma fiscal busca corregir distorsiones como las exenciones fiscales excesivas en ciertos sectores, las medidas propuestas terminan por perjudicar a los mismos contribuyentes de siempre. Los nuevos gravámenes a actividades como natación, música, deportes y servicios de belleza, que ahora estarán sujetos a un impuesto del 18%, afectarán directamente el bolsillo de las familias de clase media. Esto se suma al incremento en el Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI) y al aumento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a un 27% para aquellos con ingresos más altos.
Según el análisis de Martínez, el gobierno no está abordando los problemas estructurales del sistema tributario. Afirma que una verdadera modernización del sistema no se limita a modificar tasas impositivas, sino que debería incluir una reestructuración profunda del Título I del Código Tributario, que regula las actuaciones de la administración tributaria. «Si no se resuelven las ineficiencias en la interacción entre la administración tributaria y los contribuyentes, no estamos ante una reforma, sino ante simples modificaciones», comenta Martínez.
Uno de los puntos más críticos en la columna es la falta de apoyo gubernamental a la clase media para contrarrestar el impacto de estas medidas. Mientras que se anuncian aumentos en las transferencias para los sectores más vulnerables, no hay un alivio equivalente para la clase media, que ya se encuentra en una posición económica delicada debido a la alta inflación. Martínez advierte que, con esta reforma, los hogares tendrán que destinar una mayor parte de sus ingresos a cubrir servicios que el gobierno no ofrece, reduciendo aún más su poder adquisitivo.
El economista también menciona la reducción del límite de ingresos para pertenecer al Régimen Simplificado de Tributación (RST) a RD$5.0 millones, afectando a profesionales independientes y pequeños emprendedores. Para Martínez, el gobierno perdió la oportunidad de incluir el «monotributo», que habría permitido a estos profesionales acceder a seguridad social con condiciones más favorables.
En resumen, Carlos Martínez concluye que la Ley de Modernización Fiscal, en lugar de representar un avance hacia la modernización, es un paso atrás que carga injustamente sobre los hombros de la clase media. El impacto sobre este sector podría afectar su capacidad de consumo, lo que repercutiría negativamente en la economía en general.
