La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó la necesidad de unificar la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) en una sola administración tributaria en República Dominicana, en un país donde la presión fiscal se ubica en 14.7%, por debajo de la media regional, según Datosmacro.
La propuesta apunta a un problema que toca directamente a empresas y contribuyentes: la evasión y elusión de los dos principales impuestos del país, el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), todavía cercanas al 40% y al 60%, respectivamente. Una sola administración tributaria buscaría mayor control sobre quienes declaran y pagan, con más coordinación entre ambas entidades.
La misión llegó al país el 14 de noviembre para la Evaluación del Artículo IV, el examen periódico que el FMI hace a la economía de cada país miembro. La fuente indica que permanecerá hasta el 24 o el 25 de este mes, y que esta semana se reúne con el sector privado. El objetivo es preparar y presentar al Directorio Ejecutivo del organismo un documento con los resultados de la evaluación.
Según se ha explicado, al FMI le preocupan la elusión impositiva, las omisiones en las declaraciones y la alta informalidad laboral. La elusión no es un fraude: consiste en aprovechar vacíos y ambigüedades de las normas para pagar menos impuestos sin incurrir en ilegalidad.
Evasión y elusión: las cifras detrás de la propuesta
La DGII estimó el incumplimiento tributario del ITBIS en 36.5% y el del ISR en más de 50%, según lo publicado el año pasado. La entidad ubicó a la construcción, el comercio, los hoteles, bares y restaurantes, y los servicios profesionales como los sectores de mayor incumplimiento.
Un estudio del período 2007 a 2017 señala que la evasión del ITBIS subió de 31.67% a 43.58%. En el ISR, la evasión bajó de 61.89% a 57.80% por la retención de 10% sobre los intereses de personas físicas, que alcanzó a profesionales liberales o de ingreso mixto. Las estimaciones actuales de incumplimiento en el ISR rondan el 56.29%.
Global Alliance For Tax Justice afirma que «la evasión y elusión fiscal de las empresas en República Dominicana alcanza el 62.3%», una cifra que, según el organismo, reduce la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y enfrentar la pobreza, que afecta al 18.9% de la población.
Facturación electrónica, declaraciones y Aduanas
Una administración unificada tendría que enfrentar una presión fiscal que no llega al 15%, pese a las reformas y mejoras de gestión. La DGII implementa la facturación electrónica, que permite emitir comprobantes fiscales electrónicos integrados, el esquema de «Scoring Tributario» y el programa Intégrate 1,2,3,4, dirigido a mipymes con ingresos anuales de hasta RD$1 millón. También se habla de aumentar la percepción del riesgo.
Los evaluadores prestaron atención a que más de la mitad de los contribuyentes no presenta sus declaraciones a tiempo. Ante la lentitud con que los contribuyentes adoptan la factura electrónica, se sugirió acelerar el proceso, simplificar el pago y las declaraciones, y dar más facilidades a las pequeñas empresas.
En Aduanas, el despacho en 24 horas no generó alertas y más bien fue bien recibido. Se sugirió incorporar inteligencia artificial para detectar fraudes fiscales y subvaluaciones de mercancías, con mayor coordinación entre la DGA y la DGII.
Ingresos por el oro y reforma integral
Los técnicos del FMI observan que el impulso de los ingresos del Estado proviene del alza del precio internacional de la onza troy de oro, que se ha estabilizado pero sigue alto. Las captaciones extraordinarias han favorecido la recaudación conforme al programa presupuestario.
La Ley 30-26, conocida como el Plan Anticrisis, no ha encontrado objeciones. Sin embargo, desde la evaluación anterior, los técnicos del Fondo y especialistas en tributación abogan por una reforma integral que abarque ingresos y gastos.
Cesantía laboral e informalidad
En la última semana de la visita, los técnicos analizarán con el sector privado la reforma del mercado laboral, en particular cómo implementar un período de transición que permita pasar de la cesantía laboral a un seguro de desempleo. También plantean políticas para reducir la informalidad y un régimen de consecuencias mayores para la competencia desleal.
Para avanzar, el Gobierno y el sector privado tendrían que sentarse de nuevo en el Consejo Económico y Social (CES), de donde salieron 13 reformas para pasar del subdesarrollo al 2036. Según analistas laborales, personas físicas y mipymes prefieren permanecer independientes e informales por los altos costos de la economía: servicios caros, seguridad social y pensiones ineficientes, impuestos altos, bajos salarios y exigencias para contratar, incluido el tope de edad. Esa situación retrasa el paso al seguro de desempleo.
Lo próximo a vigilar es el documento de resultados que la misión presentará al Directorio Ejecutivo del FMI, y si el Gobierno y el sector privado retoman la discusión en el CES sobre la reforma tributaria y laboral.














