Los emisores de facturas electrónicas en República Dominicana superaron los 100,000, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), frente a 23,686 registrados en enero de 2026. En menos de un año, el número de negocios en el sistema se multiplicó por más de cuatro.
Para un comerciante o profesional que todavía factura en papel, el calendario ya no da margen: el 15 de noviembre se agota el tiempo para que pequeños, micro y contribuyentes no clasificados se incorporen. Después de esa fecha, el comprobante en papel solo será válido en los casos de contingencia que fija el Reglamento 587-24, y quien no cumpla podría enfrentar las sanciones que establece la norma tributaria.
Qué es la facturación electrónica y cuánto ha avanzado
La facturación electrónica consiste en generar comprobantes fiscales digitales (llamados e-CF), enviarlos al cliente y validarlos ante la DGII en el mismo proceso. La idea es sustituir de forma gradual el papel por registros que la autoridad pueda verificar, con mejor rastreo de cada operación comercial y menos trámites manuales. El proceso se apoya en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.
De acuerdo con la DGII, durante el primer semestre de 2026 los comprobantes electrónicos representaron el 72% de todos los emitidos en el país. Desde que comenzó la implementación, la institución ha recibido más de 2,000 millones de e-CF.
Las cifras se dieron a conocer en una actividad de Alegra, empresa de tecnología autorizada como emisor electrónico, en la que participó Yoemely Beltré, encargada del Departamento de Gestión de la Información y Desarrollo de la Gerencia de Facturación de la DGII.
Un calendario por etapas y seis meses de prórroga
La incorporación no fue simultánea. Los grandes contribuyentes nacionales abrieron el proceso en 2024, y los grandes contribuyentes locales y medianos tenían que estar dentro en noviembre de 2025. Para el último grupo, el de pequeños, micro y no clasificados, la fecha inicial era el 15 de mayo de 2026, pero se movió seis meses, hasta el 15 de noviembre.
Qué pueden hacer los negocios que aún no emiten
Quienes no han empezado tienen dos rutas. Una es el Facturador Gratuito de la DGII, herramienta que admite hasta 150 comprobantes al mes. La otra es contratar a un proveedor autorizado de facturación electrónica. La DGII pidió a los negocios revisar su situación y terminar los pasos pendientes antes de la fecha límite, para seguir operando dentro de las disposiciones vigentes.
Lo que muestran las plataformas privadas
Los proveedores tecnológicos también registran el avance. En la plataforma de Alegra, los comprobantes electrónicos subieron de 38,803 en enero a 169,801 en octubre de 2026, unas 4.4 veces más. En octubre, el 26% de las facturas generadas allí fue electrónico, contra 7% en enero. En ese período, alrededor de 5,100 empresas facturaron cada mes por este medio, para un total de 6.2 millones de facturas.
Carolina Felizzola, gerente estratégica de Alegra, afirmó que «la facturación electrónica representa una oportunidad para que los negocios fortalezcan su organización administrativa y tengan mayor visibilidad sobre sus operaciones». Según explicó, al registrar y validar los datos en digital, el empresario puede seguir con más rapidez sus ventas, gastos y cuentas por cobrar.
En el mismo evento, la compañía mostró dos herramientas de inteligencia artificial. La primera es el MCP (Model Context Protocol), activo desde junio de 2026, que enlaza las cuentas de los usuarios con asistentes IA, para consultar ventas, facturas pendientes e inventarios con instrucciones en lenguaje natural. La segunda es Alegra Bot, un agente que consulta datos financieros, programa reportes y prepara borradores de facturas; la emisión definitiva requiere que el usuario la confirme.
Para la DGII, el cambio es más que de formato: lo plantea como un paso hacia un sistema tributario más transparente y ágil, en el que cada operación queda registrada al instante y el contribuyente hace menos trámites. Quedará por ver la cifra de contribuyentes que complete la incorporación tras el cierre del plazo y la forma en que la DGII aplique las consecuencias previstas a quienes no lo hagan.














