Los arroceros de Montecristi advirtieron este viernes 16 de octubre que la apertura del mercado dominicano al arroz estadounidense sin aranceles, en el marco del DR-CAFTA, pone en riesgo cerca de 15,000 empleos directos e indirectos en la provincia y una actividad que genera más de RD$10,000 millones al año.
La advertencia deja en evidencia cuánto depende la economía rural de esa provincia de un solo cultivo. Si la rentabilidad del arroz cae, el efecto se propaga a factorías, transportistas, proveedores de insumos y comercios locales que financian su operación con los ingresos de cada cosecha.
La concentración en Villa Copa
El reclamo fue planteado durante una concentración en Villa Copa, municipio de Villa Vásquez, a la que acudieron productores de Castañuelas, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez y San Fernando de Montecristi, junto con representantes nacionales de distintas asociaciones arroceras. Las organizaciones exigen al Gobierno del presidente Luis Abinader medidas concretas para preservar la competitividad de la producción nacional frente a las importaciones.
Rubén Sosa, productor arrocero de la zona, señaló que Montecristi cuenta con unas 311,000 tareas dedicadas al cultivo, en las que participan aproximadamente 5,988 productores. La provincia produce alrededor de tres millones de fanegas anuales. «Confiamos en la gestión que está realizando el presidente de la República, pero cada momento tendrá sus decisiones», expresó Sosa, al reclamar respuestas concretas de las autoridades.
El sector no cuestiona únicamente el ingreso de arroz importado, sino las condiciones bajo las que deberá competir con la producción estadounidense, cuyas estructuras de costos y capacidades operativas difieren de las dominicanas.
El precedente de la sequía de 2015-2016
Los productores recordaron que una sequía ocurrida entre 2015 y 2016 provocó, según sus estimaciones, el colapso de más del 60% de los comercios de la provincia. Algunos agricultores tardaron años en recuperarse; otros tuvieron que entregar sus parcelas a entidades financieras por no poder cumplir sus compromisos de crédito. El antecedente ilustra la escasa capacidad de absorción que tiene Montecristi ante una contracción prolongada del sector, dado que la provincia dispone de pocas alternativas industriales para reubicar la mano de obra desplazada.
Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, reclamó una solución que permita al sector enfrentar la apertura comercial prevista en el DR-CAFTA y recordó que Abinader había asumido personalmente el compromiso de dar seguimiento a las negociaciones. «El presidente está claro de lo que significa el sector arrocero en República Dominicana, lo que somos los productores, lo que es la industria, lo que es la economía», afirmó Rodríguez.
La controversia también gira en torno a la derogación del Decreto 693-24, que regulaba las importaciones del cereal. Los productores reclaman claridad sobre el mecanismo que sustituirá ese esquema y las condiciones bajo las cuales podrá ingresar arroz procedente de otros mercados.
ADOFA: competencia asimétrica
Heraldo Suero, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA), amplió el debate más allá de la rentabilidad agrícola. «Lo que está en juego aquí en el país es la soberanía alimentaria. Es el privilegio de producir en estas tierras el alimento de primera necesidad en el cual somos autosuficientes», sostuvo. Suero advirtió de que una entrada masiva de arroz importado podría debilitar la producción nacional por la diferencia entre las estructuras productivas de ambos países. «No puede entrar arroz importado masivo por las aduanas. Eso destruye la producción nacional porque es una competencia asimétrica», afirmó.
Suero defendió la autosuficiencia arrocera como una ventaja estratégica ante posibles interrupciones de las cadenas de suministro globales o crisis internacionales de abastecimiento.
La dimensión nacional del sector
La dimensión económica del conflicto se extiende mucho más allá de Montecristi. Según cifras aportadas por los propios productores, que requieren precisarse con estadísticas oficiales, la producción arrocera nacional involucra entre 30,000 y 32,000 productores, genera alrededor de 300,000 empleos directos e indirectos y moviliza entre RD$45,000 millones y RD$50,000 millones anuales. El sector atribuye al arroz entre un 12% y un 13% del aporte agropecuario del país, y el cultivo se desarrolla en más de 21 provincias, sosteniendo una cadena que abarca desde la preparación de terrenos hasta la comercialización.
El alcance de las medidas que defina el Gobierno para sustituir el Decreto 693-24 será determinante para establecer qué margen de adaptación tendrán los productores dominicanos una vez que se apliquen plenamente los compromisos comerciales del DR-CAFTA. El sector espera que las nuevas reglas mantengan condiciones similares a las del régimen anterior, aunque reconoce que algunos aspectos regulatorios podrían mejorarse.
