El presidente Luis Abinader eliminó los aranceles al arroz importado desde Estados Unidos y otros mercados mediante el Decreto 635-26, promulgado el 9 de septiembre de 2026, que derogó en su totalidad el Decreto 693-24, el cual había establecido el esquema arancelario vigente para las importaciones del cereal.
La derogación encarece el escenario para los productores arroceros dominicanos, que pierden la protección que les ofrecía un régimen de tarifas diseñado precisamente para limitar la competencia extranjera y garantizar el abastecimiento nacional. A partir de ahora, el arroz estadounidense ingresará al mercado dominicano sin las barreras arancelarias que antes restringían su acceso.
La presión de Washington y el argumento del DR-CAFTA
La medida fue adoptada luego de que el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Goettman, y la jefa negociadora agrícola, Julie Callahan, solicitaron formalmente a la delegación dominicana retirar las restricciones aplicadas al arroz estadounidense. Según el planteamiento de las autoridades de Washington, los aranceles dificultaban el acceso de su producción al mercado dominicano y contradecían los compromisos de libre acceso asumidos por la República Dominicana en el marco del DR-CAFTA, el tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
El esquema que quedó atrás
El régimen derogado, adoptado en 2024 a partir de una recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), contemplaba una estructura de doble nivel. Dentro del contingente, el arancel era de 20%; fuera de él, la tarifa escalaba hasta 99%. El esquema incluía además una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero, pero una vez superado ese volumen, la tarifa del 99% volvía a aplicar. Esa misma tarifa del 99% regía también para las importaciones provenientes de Nicaragua.
El propósito declarado del Conassan al proponer el esquema era proteger la producción arrocera nacional y asegurar el abastecimiento alimentario, dos objetivos que el nuevo decreto pone en tensión con los compromisos comerciales internacionales del país.
Ministerios y aduanas, notificados
Con la entrada en vigencia del Decreto 635-26, el Poder Ejecutivo instruyó comunicar la decisión al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a la Dirección General de Aduanas (DGA) y al propio Conassan, para los fines correspondientes.
El sector arrocero dominicano, que históricamente ha dependido de mecanismos de protección para competir frente a la producción subsidiada de Estados Unidos, deberá adaptarse a un entorno de mayor competencia externa. La evolución de los precios al consumidor del arroz y el impacto sobre los arroceros locales serán los indicadores clave a seguir en los próximos meses.
