Según un proverbio chino, ‘quien apunta al cielo nunca falla’. Con la firma del decreto presidencial 337-24, el Gobierno se embarca en una de sus metas más ambiciosas: duplicar el tamaño de la economía en los próximos doce años. Este objetivo pretende catalizar una era de expansión sin precedentes y garantizar una mejora sostenida en la calidad de vida de los dominicanos. Comprender este desafío requiere explorar en detalle el qué y el cómo de uno de los conceptos más elusivos de la teoría económica: el crecimiento económico.
El qué del crecimiento económico
Si jugáramos ‘asociación de palabras’ con economistas, seguramente la palabra ‘Solow’ surgiría cada vez que se mencione ‘crecimiento económico’. Robert Solow, el legendario profesor del MIT, revolucionó la teoría del crecimiento a finales de los años 50 y posteriormente recibió el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones.
En su modelo, el crecimiento económico de un país resulta de incorporar insumos como el empleo, el capital y la tecnología, dentro de lo que podría describirse como una ‘máquina de producción’—en esencia, la economía en su conjunto. Esta ‘máquina’ transforma estos insumos en bienes y servicios —el Producto Interno Bruto— que, eventualmente, elevan la calidad de vida de los ciudadanos.
La premisa básica del modelo es intuitiva: para crecer más, basta con añadir más insumos a la ‘máquina’. Sin embargo, esta idea oculta una limitación menos obvia: si incrementamos el número de trabajadores sin proveerles herramientas de trabajo adicionales o mejoradas, cada nuevo trabajador contribuirá menos al aumento de la producción. En otras palabras, introducir más mano de obra o capital a la ‘máquina’ no asegura un crecimiento proporcional de la producción, ya que ambos factores están sujetos a —en lenguaje de economistas— ‘rendimientos decrecientes’.
Adicionalmente, el capital no es estático; se deprecia con el tiempo, lo que requiere renovaciones constantes mediante nuevas inversiones que mantengan su contribución al crecimiento. Por lo tanto, simplemente incorporar más empleo o capital no garantiza más crecimiento a largo plazo.
Para impulsar realmente la economía de forma sostenida, es crucial modernizar la ‘máquina’. Esto implica mejorar continuamente cómo la economía combina sus insumos para generar cada vez más bienes y servicios; por ejemplo, mediante inversiones efectivas en capital humano y desarrollo tecnológico. Al modernizar la ‘máquina’, no sólo mejoramos el acceso al empleo y elevamos los salarios, sino que también aumentamos la provisión y calidad de los bienes y servicios a nivel público y privado.
Una ventaja adicional de este modelo es la capacidad de realizar ejercicios de ‘contabilidad de crecimiento’, que permiten cuantificar la contribución de cada factor al crecimiento total. Por ejemplo, en la última década (2014-2023), el crecimiento promedio del PIB alcanzó 5.1%. De este total, 3.4% provino de las contribuciones combinadas del empleo (1.7%) y del capital (1.7%). La diferencia —el 1.7% restante—, conocida como ‘el residuo de Solow’, se atribuye a la productividad total de los factores (PTF), una métrica que engloba elementos no directamente relacionados con el empleo o el capital, como avances tecnológicos o mejoras en las técnicas de gestión empresarial.
Para alcanzar el objetivo de duplicar el tamaño de la economía hacia 2036, es importante reconocer que la tasa de crecimiento prevaleciente en la última década (5.1%) deberá elevarse a alrededor de 6%. Para lograr esta meta, las contribuciones al crecimiento del empleo, el capital y la PTF deben incrementarse significativamente. ¿Cómo y con qué medidas lograremos estos aumentos? Esta es una pregunta obligada para los formuladores de las políticas económicas de la próxima década.
El cómo del crecimiento económico
Un buen punto de partida es evaluar cómo cada componente de nuestra ‘máquina económica’ aportará al crecimiento durante 2025 – 2036. Comenzando con el empleo, la tendencia de los últimos treinta años es que su contribución al crecimiento disminuye a razón de 0.2% por década, en paralelo al decrecimiento poblacional. Podemos anticipar que su aportación descienda del 1.7%, prevaleciente en la década anterior, al 1.5% en los próximos años. Además, si asumimos que futuras mejoras en el sistema educativo sostienen la PTF en los niveles registrados en la última década (1.7%), entonces la suma de las contribuciones del empleo y el capital, alcanzaría el 3.2%.
Por lo tanto, para alcanzar el crecimiento objetivo del 6%, se necesita que el 2.8% restante provenga del aporte del capital, lo que representaría su mayor contribución en tres décadas. Esto requerirá elevar la inversión total —que incluye la doméstica privada, la externa y la pública— del 26% al 34% del PIB, un aumento que equivale a US$10,000 millones a precios de mercado. En esencia, el decreto 337-24 nos desafía a transformarnos en un ‘tigre asiático’.
Es crítico que nuestras autoridades no subestimen la escala del desafío ni los retos intelectuales y operativos que conlleva su implementación. Por ello, propongo un conjunto de tres acciones clave destinadas a minimizar el riesgo de ejecución de esta ambiciosa tarea:
1) Convocar una Cumbre Internacional de Crecimiento y Desarrollo económico, atrayendo a especialistas de renombre mundial, como el premio Nobel Paul Romer (Boston College), Daron Acemoglu (MIT), Danny Rodrik (Harvard), Ricardo Hausmann (Harvard) o Pierre Agénor (Manchester), junto a expertos locales, líderes empresariales, representantes de la sociedad civil y autoridades gubernamentales. El objetivo será explorar, debatir y divulgar los últimos avances en políticas económicas eficaces, estableciendo un marco de referencia robusto para el diseño de políticas que estimulen el crecimiento económico vía la mejora de la productividad total, la contribución del capital y la generación de empleo.
2) Declarar la Educación como Emergencia Nacional. Sorprende que la urgencia manifestada por las autoridades, los activistas y el empresariado hacia la reforma fiscal supere la atención dada a las necesarias reformas estructurales en educación, especialmente luego del aumento de las brechas sociales y digitales tras la pandemia. Es alarmante que se hayan invertido cerca de US$27,500 millones del presupuesto nacional en un ‘proyecto’ que ha visto pasar seis ministros en doce años, resultando en los peores estudiantes del continente. Es imperativo abandonar el eufemismo de ‘conquista social’ al referirnos al 4%; una verdadera conquista social ocurrirá sólo cuando nuestros estudiantes alcancen el primer lugar de las pruebas PISA de Latinoamérica. La seriedad del problema justifica la organización de una cumbre internacional especializada que aborde estos desafíos y contribuya a establecer un marco para diseñar políticas que promuevan la captación de talento en el magisterio, optimicen el uso de los fondos educativos y despoliticen la administración educativa, tomando como referencia la independencia operativa característica de los Bancos Centrales.
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3) Desplegar un Marco Multisectorial de Atracción de Inversiones. Alcanzar la meta de US$10,000 millones en nuevas inversiones será decisivo para duplicar el tamaño del PIB. Para lograrlo, resulta esencial fomentar inversiones en sectores con ventajas competitivas y alto potencial de crecimiento y diversificación, así como en industrias que promuevan la generación de empleo, el desarrollo de capital humano y la innovación tecnológica. Estas inversiones deben tener un efecto multiplicador en la economía y demostrar resiliencia para absorber shocks externos. Sectores primordiales incluyen las telecomunicaciones, pilar fundamental de la infraestructura digital y del ecosistema tecnológico y de innovación; las zonas francas, núcleos estratégicos para la integración a las cadenas globales de valor; la industria turística, capitalizador vital de nuestras ventajas competitivas; la minería, motor de diversificación de nuestra base exportadora; el sector logístico, indispensable para optimizar la cadena de suministro, mejorar la eficiencia operacional y aumentar la competitividad; y el sector financiero, proveedor de fondos y promotor de la transparencia de los mercados de capitales. Todo esto debe estar respaldado por una inversión pública en infraestructuras estratégicas que incluya, entre otros, la mejora y expansión de redes de transporte urbano, interurbano y rural; la modernización de puertos y aeropuertos; la implementación de sistemas de riego agrícola inteligentes; y el crecimiento y diversificación del parque energético.
Es primordial que las autoridades incorporen la dimensión territorial en su estrategia de atracción de inversiones, prestando especial atención al potencial económico de la región del Cibao. Con un PIB de US$40,625 millones al cierre de 2023 —superando a países como El Salvador—, un PIB per cápita de US$11,800 —mayor al de Colombia— y con un diversificado ecosistema productivo, esta región genera un tercio del empleo total del país, capta un cuarto de la inversión extranjera directa y recibe el 40% de las remesas nacionales.
El hecho de que el crecimiento promedio del Cibao (7.5% durante 2015-2022) supera el 6% necesario para alcanzar la meta nacional de duplicar el PIB, posiciona a esta región como la de mayor contribución al PIB nacional hacia 2032. Esto la convierte en una zona estratégica para fomentar una nueva ola de inversiones públicas y privadas, en consonancia con los objetivos presidenciales.
Las transformaciones necesarias para duplicar el tamaño de la economía dominicana —incluyendo mejoras sostenidas en el capital humano, la adopción tecnológica y el fomento multisectorial de nuevas inversiones en un entorno de estabilidad política y fortalecimiento institucional—, son tan ambiciosas que, aunque alcanzar la meta en 2036 no es imposible, sí luce bastante improbable. Sin embargo, más allá del 2036, la meta en sí misma es tan determinante para el futuro económico de las próximas generaciones, que amerita que tanto el empresariado como la sociedad civil se unan a las autoridades para impulsarla. Después de todo, cuando uno apunta al cielo, hasta cuando falla, igual acierta.
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