El pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó el martes 6 de octubre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con 330 votos a favor y 122 en contra en lo general, y 327 votos a favor y 122 en contra en lo particular. La minuta fue remitida al Senado para continuar su trámite legislativo.
La nueva Ley de Economía Digital otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de designar sectores estratégicos y actividades en los que los pagos digitales y electrónicos puedan convertirse en la única forma de pago aceptada, sustituyendo al efectivo de manera gradual. Esa disposición afectará directamente a comercios, gasolineras y prestadores de servicios que operen en los sectores que Hacienda identifique primero, obligándolos a habilitar infraestructura de cobro electrónico.
Plazos y sectores prioritarios
Una vez que la ley entre en vigor, Hacienda contará con 15 días hábiles para definir los sectores y actividades sujetos al nuevo esquema. Posteriormente, las autoridades de cada sector tendrán otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas que establezcan las reglas de transición.
Entre los primeros ámbitos mencionados durante el debate legislativo figuran las gasolineras y las casetas de peaje. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones había señalado previamente que el 95% de las estaciones de servicio cuenta con terminales punto de venta y que el 98.5% se ubica en zonas con cobertura de conectividad. Las casetas de peaje, por su parte, ya disponen de infraestructura para pagos mediante TAG y se prevé ampliar el uso de códigos QR.
Los medios de pago reconocidos por la legislación incluyen transferencias electrónicas, tarjetas de débito y crédito, códigos QR, tecnología NFC y plataformas como CoDi y DiMo, el sistema de pagos inmediatos del Banco de México.
Obligaciones para gobiernos y empresas
La ley también impone obligaciones a los tres órdenes de gobierno y a los proveedores de bienes y servicios: deberán habilitar infraestructura para recibir pagos digitales, informar a los usuarios sobre los medios disponibles y contar con mecanismos para atender contingencias que impidan realizar operaciones electrónicas. El Banco de México y las instituciones financieras reciben nuevas responsabilidades para facilitar la adopción de los medios digitales.
La legislación reconoce, además, la CURP Digital (Clave Única de Registro de Población en formato digital) como mecanismo de identificación válido para contratar servicios financieros en línea, junto con otros medios de identificación oficial.
El efectivo no desaparece del todo: cuando una contingencia tecnológica impida recibir pagos digitales, la ley autoriza el uso de efectivo o cheque mientras persista la afectación.
Oposición y dudas sobre el alcance real
La oposición cuestionó principalmente la amplitud de las facultades conferidas a Hacienda para definir qué sectores dejarán de aceptar efectivo, así como los costos que la transición podría representar para los pequeños negocios. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron riesgos para personas sin acceso a internet, cuentas bancarias o dispositivos móviles, y advirtieron sobre posibles problemas de seguridad y protección de datos personales.
Los números del mercado ilustran el reto que enfrenta la nueva ley: según datos citados durante la discusión legislativa, el 85.2% de las compras de hasta 500 pesos se realizaba en efectivo en 2024, aunque el uso de transferencias y aplicaciones móviles avanzó de 1.6% en 2021 a 4.4% en ese mismo año, lo que indica un crecimiento real pero aún marginal frente al volumen total de transacciones de bajo monto.
El siguiente paso para la Ley de Economía Digital es su revisión en el Senado, donde la oposición podría reabrir el debate sobre las facultades discrecionales de Hacienda y las salvaguardas para la población sin acceso a servicios financieros digitales.
