La Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa) exigió que se preserve la producción arrocera nacional en el marco de las negociaciones de un posible acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos, ante la revisión o eventual derogación del Decreto 693-24, que regula las importaciones de arroz y sirve como escudo para la industria local.
El decreto en cuestión establece un mecanismo de administración de determinadas importaciones de arroz. Su posible eliminación, en el contexto de las conversaciones con Washington, encendió las alertas de una cadena productiva que concentra más de 30,000 productores y tiene presencia en más de 21 provincias del país, además de involucrar a factorías, trabajadores, comerciantes y otros actores vinculados al sector. Cualquier desmantelamiento de esa protección sin un mecanismo sustituto equivalente expone al mercado local a una mayor competencia de importaciones y amenaza el ingreso de miles de familias rurales.
El Decreto 693-24 y el vacío que dejaría su derogación
Adofa indicó que desconoce qué instrumento podría reemplazar al Decreto 693-24, por lo que aguarda las decisiones de las autoridades y su comunicación oficial al país. La organización planteó que cualquier mecanismo sustituto debería preservar condiciones similares a las vigentes, aunque reconoció que estas podrían ser objeto de mejoras, precisiones y ajustes para fortalecer su aplicación.
La asociación expresó su confianza en el presidente Luis Abinader y en los negociadores dominicanos, al tiempo que dejó abierta la puerta a participar en el diálogo con las autoridades y los demás actores del sector para contribuir a la búsqueda de soluciones que fortalezcan las relaciones comerciales internacionales sin comprometer la capacidad productiva nacional.
El arroz como componente de seguridad alimentaria
Adofa sostuvo que el arroz constituye un componente estratégico de la seguridad y la soberanía alimentaria del país, dado su peso en la dieta de la población y el impacto económico de su producción. Según la organización, mantener una oferta local estable permite reducir la exposición del país ante eventuales cambios en los mercados internacionales, interrupciones de las cadenas de suministro o situaciones que puedan afectar el comercio mundial.
La entidad reiteró su disposición de trabajar junto al Gobierno y los productores para preservar una producción nacional sostenible y competitiva, y confió en que el Ejecutivo tomará en cuenta la importancia del sector arrocero al momento de tomar decisiones definitivas sobre el esquema de importaciones.
El próximo paso en este proceso dependerá del resultado de las negociaciones con Washington y de si el Gobierno anuncia un decreto o reglamento sustituto antes de que el Decreto 693-24 quede sin efecto, lo que marcará si el sector arrocero mantiene o pierde el paraguas regulatorio que hoy lo protege.
