DIARIO FINANCIERO.- En siete años, la República Dominicana casi duplicó lo que paga a sus maestros. El Ministerio de Educación (MINERD) ejecutó en 2025 un total de RD$154,250 millones en remuneraciones y contribuciones docentes, frente a los RD$80,141 millones de 2018: un aumento acumulado del 92% en el período.
La cifra, obtenida por Diario Financiero revela uno de los crecimientos presupuestarios más sostenidos del sector público dominicano en la última década. Pero también levanta una pregunta incómoda: ¿dónde están los resultados?
El salto más brusco fue en 2022
La serie histórica muestra que la nómina docente creció de forma estable entre 2018 y 2021, con incrementos anuales de entre 5% y 7%. El quiebre ocurrió en 2022, cuando el gasto saltó de RD$95,441 millones a RD$119,216 millones: un aumento interanual del +25%, el mayor de todo el período.
Desde entonces, el ritmo se moderó. En 2025, el incremento fue de +5.5% frente a 2024, un porcentaje que, según los datos oficiales, se replicó de forma uniforme en las 32 provincias del país.
Santo Domingo y el Distrito Nacional concentran tres de cada diez pesos
La distribución geográfica del gasto revela una alta concentración en los centros urbanos. Santo Domingo lidera con RD$26,293 millones (17.0% del total nacional), seguida por el Distrito Nacional con RD$19,522 millones (12.7%). Juntas, estas dos demarcaciones —el Gran Santo Domingo— absorben el 29.7% de toda la nómina docente del país: RD$45,815 millones en 2025.
Las diez provincias con mayor gasto suman RD$97,753 millones, equivalente al 63% del total nacional. Las 22 provincias restantes se reparten apenas RD$56,497 millones, con un promedio de RD$2,568 millones por provincia.
Cuatro provincias, el 41% del gasto
El análisis más granular muestra que cuatro jurisdicciones —Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal— concentran el 41% de toda la nómina docente con RD$63,661 millones. Santiago alcanzó RD$9,606 millones (6.2% del total) y San Cristóbal RD$8,240 millones (5.3%).
Las 28 provincias restantes se reparten los RD$90,590 millones restantes, lo que equivale a un promedio de RD$3,235 millones cada una.
San Pedro de Macorís y Bahoruco, los de mayor crecimiento relativo
En términos de expansión acumulada 2018–2025, las provincias que más crecieron son precisamente las que menos peso tienen en la nómina total. San Pedro de Macorís registró un crecimiento del +165%, más del doble del promedio nacional. Le sigue Bahoruco con +156%, luego Hermanas Mirabal (+112%) y El Seibo (+109%).
Santo Domingo y Puerto Plata también superaron el promedio con +108% y +107% respectivamente.
En el extremo opuesto, La Vega registró el menor crecimiento del período: apenas +47%, la mitad del promedio nacional de +92%.
La paradoja de la formación: más nómina, menos capacitación
El dato más revelador desde la perspectiva de política pública no está en la nómina, sino en la inversión en formación docente. Tras crecer desde RD$3,863 millones en 2022 hasta alcanzar un pico de RD$6,838 millones en 2024, el gasto en formación retrocedió 18% en 2025 hasta RD$5,614 millones, volviendo a niveles de 2023.
La proporción es llamativa: por cada RD$100 pagados en nómina docente, el MINERD invirtió apenas RD$3.60 en la formación de esos mismos maestros en 2025. Es decir, el sistema remunera ampliamente a sus docentes, pero recorta la inversión en su mejora profesional en el mismo año en que la nómina alcanza su máximo histórico.
Presión sobre las finanzas públicas
El crecimiento del gasto docente no ocurre en el vacío. En un contexto donde la República Dominicana mantiene compromisos fiscales con organismos multilaterales y enfrenta presiones sobre el déficit del sector público, la expansión de una partida de gasto corriente tan significativa —sin un correlato claro en resultados— tiene implicaciones para la sostenibilidad fiscal.
El MINERD es, históricamente, uno de los ministerios con mayor participación en el Presupuesto General del Estado. La Ley General de Educación establece que el sector debe recibir el equivalente al 4% del PIB, un mandato que ha tensionado la asignación de recursos en ciclos de ajuste fiscal.
