Representantes del sector arrocero y altos funcionarios del Gobierno se reunieron el domingo 18 de octubre en el Club Cerro Alto, en La Vega, en un encuentro privado convocado por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, para sentar las bases de un plan común frente a la incertidumbre generada por la derogación del decreto 693-24.
La reunión se produce en un momento de tensión para una cadena productiva que, según datos del sector, emplea a 15,000 trabajadores y cuya estabilidad está directamente ligada a las condiciones de acceso de arroz importado al país. La derogación del decreto 693-24 había encendido alarmas sobre posibles riesgos para la seguridad alimentaria y el nivel de empleo en las zonas arroceras del país.
Controles sin cambios y diálogo permanente
Al presentar las conclusiones del encuentro mediante una nota enviada a los medios, el ministro Espaillat Bencosme garantizó que los controles para la entrada de arroz al país se mantendrán iguales, dentro del marco legal vigente, mientras se define el rumbo de la renegociación planteada por el presidente Luis Abinader. Aseguró, además, que este proceso estará acompañado de un diálogo permanente con los distintos actores de la cadena arrocera.
«Al sector arrocero le transmitimos un mensaje de tranquilidad y confianza. El presidente Luis Abinader ha expresado su compromiso con la producción nacional, y desde el Ministerio de Agricultura asumimos la responsabilidad de traducir ese respaldo en diálogo, seguimiento y acciones concretas», expresó Espaillat.
Las autoridades y los representantes del sector se declararon en sesión permanente de trabajo para dar continuidad a las conversaciones.
Unidad y consenso entre los gremios
Los líderes de los principales gremios del sector coincidieron en que la coyuntura exige unidad. Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz); Juan Pablo Pérez, de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste (Aprano); Mandy Pimentel, de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa); Santos Paulino, de la Reforma Agraria, y Manuel Núñez, de la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (Afipa), afirmaron que los momentos actuales demandan consenso.
«Tenemos desafíos, pero también oportunidades. El presidente Luis Abinader lo ha planteado y confiamos en sus palabras. Los productores lo que necesitamos es garantía, y eso es justamente lo que nos está dando el ministro por instrucciones del presidente», señaló Rodríguez.
Pimentel, por su parte, se mostró optimista y sostuvo que la derogación del decreto representa una oportunidad para impulsar una renegociación en mejores condiciones para la producción y la industria arrocera nacional. El exministro de Agricultura Amílcar Romero, presente en representación del sector de fertilizantes, destacó la receptividad del sector y valoró «la claridad del presidente Abinader en la conducción política del proceso». En iguales términos se pronunciaron representantes de Fersan y Adobom.
El ministro Espaillat Bencosme estuvo acompañado por Luis Madera, viceministro de Seguimiento de la Presidencia; Herminia Reyes, viceministra administrativa del Ministerio de Agricultura; Sandra Lara, del área de Planificación, y los funcionarios Rafael Ortiz y Mirian Guzmán. También participaron productores de La Vega, San Juan, la Línea Noroeste, Dajabón y San Francisco de Macorís, así como presidentes de cooperativas.
La próxima prueba para este proceso será concretar los términos de la renegociación que plantea el Ejecutivo, un escenario que los gremios observarán de cerca para determinar si las garantías ofrecidas por el Ministerio de Agricultura se traducen en condiciones reales de protección para la producción nacional.
