El gigante farmacéutico Johnson & Johnson ha recibido un nuevo revés legal tras el rechazo de su tercer intento para resolver decenas de miles de demandas por productos a base de talco a través de un procedimiento de bancarrota. Según informes de Yahoo Finance, el juez de bancarrotas Christopher Lopez desestimó la propuesta de acuerdo por $10,000 millones, presentada por la subsidiaria Red River Talc LLC, alegando deficiencias graves en el proceso de votación.
Este intento, enmarcado en un plan preempaquetado del Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota, buscaba resolver las reclamaciones en un plazo de 24 años. Sin embargo, el juez criticó el “tiempo de votación irrazonablemente corto” otorgado a los demandantes, lo que generó dudas sobre la transparencia y legitimidad del proceso. A pesar de que J&J alegó que más del 80% de los demandantes apoyaban el acuerdo, varios abogados de víctimas y un organismo de vigilancia gubernamental objetaron que la compañía estaba manipulando el sistema de bancarrota para limitar su responsabilidad.
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Este fallo marca el tercer rechazo judicial consecutivo a propuestas similares de J&J, que anteriormente intentó resolver las demandas en 2021 y 2023 mediante estructuras similares. En ambas ocasiones, jueces federales concluyeron que la empresa contaba con los recursos necesarios para enfrentar las demandas sin recurrir a protecciones de bancarrota.
Como reacción inmediata al fallo, las acciones de J&J cayeron más del 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, reflejando el nerviosismo de los inversionistas ante un proceso legal prolongado. La empresa también anunció que revertirá $7,000 millones previamente apartados como provisión para el acuerdo de bancarrota, una decisión que impactará directamente en su balance financiero.
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Ante este escenario, Johnson & Johnson ha modificado su estrategia y ya no buscará nuevas vías de bancarrota para resolver las demandas. En su lugar, planea retornar al sistema tradicional de litigio en tribunales civiles, lo que supone enfrentar individualmente más de 60,000 demandas activas, muchas de ellas vinculadas a alegatos de que sus productos contenían asbesto y causaron cáncer, especialmente de ovario y mesotelioma.
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El litigio por talco de J&J se remonta a más de una década. En 2018, un jurado de Missouri ordenó a la empresa pagar $4.7 mil millones a 22 mujeres afectadas. Desde entonces, J&J ha intentado manejar el pasivo legal mediante la creación de entidades subsidiarias como LTL Management y ahora Red River Talc, con resultados infructuosos.
Pese a los cuestionamientos, la compañía sostiene que sus productos de talco son seguros y no causan cáncer. Además, ha tomado decisiones estratégicas como descontinuar sus ventas globales de talco para bebés en 2023 y alcanzar acuerdos en el 95% de las demandas relacionadas con mesotelioma. No obstante, la magnitud del litigio sigue siendo un desafío reputacional, legal y financiero para una de las empresas más influyentes del sector farmacéutico.
La decisión del juez Lopez pone fin, al menos por ahora, a los esfuerzos de Johnson & Johnson de buscar una resolución colectiva vía bancarrota. La compañía deberá enfrentar un proceso judicial fragmentado y prolongado, que no solo pondrá a prueba su solidez financiera, sino también su imagen corporativa en un entorno donde la confianza del consumidor y la rendición de cuentas son más escrutadas que nunca.
