El Gobierno dominicano congelará el precio de los combustibles hasta enero, siempre que el subsidio necesario para sostenerlo no supere los RD$1,500 millones, según el anuncio atribuido al presidente Luis Abinader. La decisión reabre las dudas sobre los criterios con que las autoridades fijan o frenan los precios y sobre por qué no se aplica la Ley 112-00 sobre hidrocarburos.
Para consumidores y empresas, la medida define cuánto del aumento internacional del petróleo llega a la bomba, al transporte y a los costos de distribución. Para las cuentas públicas, implica que el Estado absorbe parte del alza, con un límite fijado de antemano.
Consumidores cuestionan las alzas y la falta de rebajas
Lectores consultados expresaron que muchas veces no entienden las razones de los aumentos, aunque dicen ser conscientes de la inestabilidad del precio del barril de petróleo. «Mira, las gasolinas tienen mucho que los precios solo suben y suben. Muchas veces el petróleo baja y los combustibles se quedan al mismo precio, pero si el petróleo sube, de una vez el Gobierno sube las gasolinas y el gasoil», dijo Miguel González.
González agregó que no comprende por qué, si existe una ley de hidrocarburos, no se aplica y el Gobierno toma decisiones «a su conveniencia».
La Ley 112-00 fue concebida para que los precios locales reflejen cada semana las condiciones del mercado internacional. Sin embargo, su aplicación semanal ha estado acompañada de intervenciones estatales que, con el argumento de amortiguar las variaciones, buscan evitar que estas lleguen directamente a los consumidores.
Un amortiguador temporal con límite fiscal
El economista y vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco Cruz, dijo que el anuncio del presidente «hay que verlo como una medida temporal», pero que plantea un dilema fiscal importante mientras el subsidio no supere los RD$1,500 millones semanales, según su descripción del tope.
Ciriaco Cruz explicó que el congelamiento funciona como un amortiguador temporal de un choque externo. «El Gobierno absorbe fiscalmente parte del incremento internacional en lugar de trasladarlo inmediatamente a hogares y empresas. Esa es, probablemente, su principal justificación económica», sostuvo.
El economista apuntó que, en las circunstancias actuales, el combustible es un precio sensible porque afecta el transporte, la distribución y, directa o indirectamente, una parte importante de la estructura de costos. «Por tanto, un aumento brusco puede transmitirse hacia otros precios», advirtió.
Valoró además que fijar el límite introduce una restricción fiscal explícita: al menos no se anuncia, formalmente, un subsidio ilimitado, y ese tope funciona como un techo.
Propuestas: reformar la ley y transparentar el PPI
Ciriaco Cruz dijo que el Gobierno debería abocarse a modificar la Ley de Hidrocarburos y transparentar el Precio de Paridad de Importación (PPI), la referencia que se usa para calcular el costo de traer el combustible al país. También planteó reducir los márgenes de ganancia en el sector, mejorar la competencia y eliminar las barreras de entrada.
Quedan por observar los precios que se publiquen cada semana mientras dure el congelamiento, la evolución del barril de petróleo en el mercado internacional y si el costo del subsidio se acerca al tope de RD$1,500 millones. También será clave si el Gobierno plantea cambios a la Ley 112-00 o detalla cómo se calcula el PPI antes de que termine la medida en enero.
