El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligió por unanimidad a Justiniano Montero Montero para presidir la Suprema Corte de Justicia y cubrió seis vacantes adicionales en el máximo tribunal dominicano, según reportó El Día. La renovación parcial del pleno amplía el espectro de especialidades del tribunal, que ahora suma voces provenientes del derecho penal, civil y comercial, administrativo, niñez y, por primera vez en su composición reciente, del ejercicio privado y el arbitraje.
El rediseño del tribunal tiene consecuencias directas sobre cómo el Estado dominicano procesa sus litigios más relevantes: la incorporación de magistrados con experiencia en derecho administrativo y arbitraje comercial añade perspectivas que podrían incidir en la forma en que la Suprema Corte resuelve disputas entre empresas y la Administración pública, así como en asuntos relacionados con contratos e inversiones.
El presidente: carrera en la UASD y dos maestrías europeas
Montero Montero acumula más de dos décadas en la judicatura. Obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y realizó dos posgrados en Europa: una maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, cursada en la Universidad del País Vasco, y otra en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su incorporación formal al Poder Judicial data de 1998; llegó a la Suprema Corte en abril de 2019, donde se ha concentrado en asuntos civiles y comerciales.
Su gestión incluye participación en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y un rol central en la puesta en marcha de la Ley 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales dominicanos, una de las iniciativas de modernización más ambiciosas del Poder Judicial en los últimos años.
Perfiles de los seis magistrados electos
El nombramiento más disruptivo de la tanda es el de Ylona María de la Rocha Camilo, hasta ahora ajena a la carrera judicial. Nacida en Santiago en 1971, se recibió de abogada con distinción máxima (magna cum laude) en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en 1993 y cerró un doctorado conjunto entre esa misma universidad y la Universidad Externado de Colombia en 2022. Desde 2006 ejerce como árbitra en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, además de ser profesora de la Escuela de Derecho de la PUCMM desde 2003. Su llegada a la Suprema Corte desde el sector privado y la academia no tiene precedentes en la composición reciente del tribunal.
Diomede Ydelfo Villalona Guerrero construyó su expediente en varios escalones de la justicia ordinaria. Egresado de Derecho en 1991, comenzó su relación con el sistema judicial como registrador de títulos en Baní entre 1996 y 1998, antes de incorporarse formalmente a la carrera judicial en abril de 2007. Transitó por juzgados de paz, de instrucción y de primera instancia en Peravia, hasta llegar al Tribunal Superior Administrativo en 2012, donde presidió la Segunda Sala entre 2014 y 2019. Su perfil combina experiencia en justicia ordinaria con el conocimiento de litigios que involucran a la Administración pública.
Amauri Antonio Pimentel Fabián, oriundo de Cotuí y nacido en 1956, se doctoró en Derecho en la UASD en febrero de 1985 y ha desarrollado toda su trayectoria en la jurisdicción penal. Al momento de su elección presidía la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega. Su formación continua incluye una especialidad en Derecho Judicial cursada en la Escuela Nacional de la Judicatura entre 2002 y 2004, una capacitación en redacción de sentencias realizada en Puerto Rico a principios de 2024 y estudios de alta gerencia concluidos en 2025.
Arelis Socorro Ricourt Gómez tiene la trayectoria más extensa del grupo dentro del Poder Judicial: ingresó el 13 de noviembre de 1991 y lleva al frente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega desde 1998, acumulando más de 33 años de servicio al recibir un reconocimiento institucional en 2025. Formada en la PUCMM y en la Universidad de Saboya (Francia), también integró el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura como representante de los presidentes de cortes entre 1999 y 2002.
Antonia Josefina Grullón Blandino llegó a la judicatura tras pasar por el sector privado y por funciones jurídicas y directivas en el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI). Graduada de Derecho en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1983, no ingresó a la carrera judicial hasta 1999. Desde 2008 forma parte de la Red Internacional de Jueces de La Haya como jueza de enlace, y ha ejercido funciones docentes en la Escuela Nacional de la Judicatura. Su candidatura contó con el respaldo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y de las confederaciones sindicales CNTD, CNUS y CASC. Su especialización abarca el derecho de familia, la protección de la niñez y los mecanismos de cooperación judicial transfronteriza.
Julio César Emilio Canó Alfau, nacido en Santo Domingo en 1961, obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad Central del Este en 1984 e ingresó al Poder Judicial el 12 de enero de 1985. Recorrió la jurisdicción penal como juez de paz, de instrucción y de primera instancia antes de pasar, en 2001, a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que preside desde mayo de 2012. Su expediente registra evaluaciones de desempeño de 100 puntos en el período 2020-2025, y en 2023 Participación Ciudadana le otorgó un reconocimiento vinculado a la integridad y la lucha contra la corrupción. Entre los expedientes de alto perfil que conoció figura el caso Antipulpo, en 2021. Su postulación fue apoyada por FINJUS, ADOCCO y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La nueva composición del tribunal quedará sometida a observación en los próximos meses en tres frentes: la continuidad de la agenda de digitalización impulsada bajo la Ley 339-22, la gestión de los casos penales de mayor exposición pública que transitan por el pleno y la independencia con que el tribunal aborde litigios donde el Estado sea parte, precisamente el área en que varios de los nuevos magistrados tienen experiencia acumulada.
