El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 714-26, que regula la inversión digital del Estado dominicano al centralizar en el Ministerio de Administración Pública (MAP) la evaluación técnica previa de toda adquisición de plataformas, sistemas informáticos y tecnologías emergentes por parte de las entidades del gobierno central.
La medida apunta a eliminar el gasto duplicado que resulta de compras tecnológicas descoordinadas entre instituciones. Al obligar a las entidades del Poder Ejecutivo a obtener el aval del MAP antes de contratar soluciones digitales complejas, el decreto busca que cada peso invertido en tecnología responda a una estrategia nacional, en lugar de quedarse en silos institucionales sin conexión entre sí.
Coordinación y compras conjuntas
El reglamento abarca sistemas informáticos, plataformas digitales, servicios en la nube y tecnologías emergentes. Bajo el nuevo esquema, el MAP deberá evaluar, priorizar y supervisar técnicamente las contrataciones estratégicas, con el objetivo de evitar soluciones aisladas y aprovechar economías de escala a través de compras conjuntas.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, sostuvo que la disposición representa un avance en la gobernanza tecnológica del país. «A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada», afirmó Freund, quien subrayó además que la norma busca mejorar los servicios digitales, garantizar su seguridad y proteger la soberanía estatal sobre los datos ciudadanos.
Para ejecutar esa coordinación, el decreto crea una comisión técnica interinstitucional presidida por el MAP e integrada por representantes de organismos vinculados a la Presidencia, los ministerios de Hacienda y Economía, las entidades de tecnología y contrataciones públicas, y las instancias de ciberseguridad.
Protección de datos e inteligencia artificial
En materia de soberanía de datos, el reglamento establece que las soluciones contratadas deberán garantizar la interoperabilidad y portabilidad de la información, así como permitir la sustitución de sistemas sin generar dependencias técnicas o comerciales que restrinjan las decisiones del Estado. Quedan expresamente prohibidas las cláusulas contractuales que limiten el control estatal sobre sus activos de datos.
Para los sistemas de automatización avanzada, incluyendo los basados en inteligencia artificial, la norma exige la incorporación de supervisión humana, trazabilidad y transparencia como salvaguardas para los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El decreto declara de interés estratégico nacional la modernización de la infraestructura digital soberana, en reconocimiento de su papel en la continuidad, seguridad y eficiencia de los servicios públicos. La norma mantiene vigentes las obligaciones legales preexistentes en materia de contratación pública, presupuesto, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad y responsabilidad fiscal. El próximo paso a seguir es la conformación formal de la comisión interinstitucional y la definición de los umbrales de contratación que exigirán evaluación previa del MAP, criterios que determinarán el alcance real de la supervisión en la práctica.
