El presidente del Centro Financiero BHD, Luis Molina Achécar, advirtió el lunes 14 de septiembre que República Dominicana se acerca al umbral en que la trampa de ingresos medios puede frenar décadas de crecimiento y sostuvo que el país debe transitar hacia un modelo basado en productividad, tecnología y nuevas reformas concertadas.
La advertencia llegó en el almuerzo institucional de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), ante un auditorio de empresarios y ejecutivos. El riesgo que planteó Molina Achécar es concreto: si la economía no eleva su productividad, podría estancarse antes de cruzar al rango de ingreso alto, con impacto directo en empleo, salarios y bienestar de los dominicanos.
El diagnóstico: cerca del techo del crecimiento por inversión
Molina Achécar sustentó su análisis en el trabajo del economista domínico-mexicano Raúl Féliz, quien sostiene que en los países en desarrollo el crecimiento se impulsa inicialmente con inversión, pero al llegar al nivel de ingreso mediano alto esa palanca pierde fuerza y se requiere productividad y adopción tecnológica.
El ejecutivo señaló que la República Dominicana ya está dentro de ese rango. Calculó que el PIB per cápita dominicano, medido por paridad del poder de compra, pasó de representar el 16% del de Estados Unidos en 1990 a 32% en 2025. Como referencia de alarma citó los casos de Chile, México y Brasil, que entraron en una fase de estancamiento cuando sus economías alcanzaron, respectivamente, el 42%, 35% y 30% del PIB per cápita estadounidense.
«Esto indica que podríamos estar llegando al momento de la trampa de los ingresos medios, por lo que, para seguir creciendo, debemos asegurar un incremento continuado de la productividad. Para lograrlo, tenemos que adoptar nuevas tecnologías», afirmó el ejecutivo.
La lección de las reformas de los 90 y los retos actuales
Para contextualizar el desafío, Molina Achécar recordó que la economía dominicana sufrió una crisis severa en 1990: inflación de 80% al cierre de ese año, devaluación de 79% y caída del PIB de 5.4%, acompañada de desabastecimiento de alimentos y combustibles. A partir de esa crisis, empresarios y sindicatos, con mediación de la Iglesia católica, suscribieron el Pacto de Solidaridad Económica, que catalizó reformas en aranceles, tributación, sistema financiero y cambiario. Mencionó también el Pacto por la Democracia, firmado tras la crisis electoral de 1994, como otro proceso que produjo reformas institucionales.
Ese período de casi dos décadas produjo cambios en banca, moneda, tributación, seguridad social, salud, pensiones, mercado de valores, inversión extranjera y reformas constitucionales, repasó. «El aprendizaje de esos años es que con diálogo y concertación logramos los avances que el país requiere; sin concertación no hay reformas sostenibles, y sin reformas, no hay progreso», subrayó.
Educación, grado de inversión e inteligencia artificial
El ejecutivo identificó tres retos prioritarios. El primero es la reforma educativa. Señaló que desde 2013 el Estado ha destinado unos US$50,000 millones al Ministerio de Educación, pero calificó los resultados de «magros» y alertó sobre el costo de oportunidad de haber dejado casi una generación con educación deficiente. Planteó retomar el tema mediante un acuerdo entre los distintos sectores de la sociedad.
El segundo reto es que la nación alcance el rango de economía de ingreso alto y obtenga grado de inversión (la calificación crediticia que le permitiría acceder a financiamiento a menor costo en los mercados internacionales) sosteniendo el crecimiento con base en productividad e innovación. El Fondo Monetario Internacional, citó Molina Achécar, considera que, con las políticas adecuadas, la República Dominicana tiene potencial para convertirse en una economía avanzada en los próximos 40 años. Añadió que la iniciativa Meta RD 2036 proyecta que la economía dominicana podría duplicar su tamaño en una década.
El tercer reto, que calificó como «el más disruptivo», es la inteligencia artificial (IA). Sostuvo que la productividad está vinculada con la capacidad empresarial para invertir en innovación y nuevas tecnologías, capacitar trabajadores y adoptar mejores prácticas gerenciales, pero remarcó que esos esfuerzos no pueden separarse de las condiciones culturales de la sociedad. Definió el capital social como la capacidad de trabajar juntos y construir consensos, y sostuvo que la confianza y las normas compartidas influyen directamente en el avance económico.
El sector privado, que según Molina Achécar aporta más del 85% del PIB nacional, tiene en su visión un papel central en ese proceso. La pregunta que queda abierta para empresarios, gobierno y sociedad es si el país logrará articular ese nuevo pacto de reformas antes de que el ritmo de crecimiento comience a ceder.
